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La expulsión de este país de emigrantes sin documentos legales comprimirá los ingresos tributarios del estado californiano en un 8,5 por ciento, según el informe del Centro para el Progreso Estadounidense y el Centro de Políticas de Inmigración.
El análisis se hizo público cuando un programa clave para la estrategia del presidente Barack Obama de endurecer las leyes de inmigración enfrenta una creciente resistencia de los gobiernos estatales y de la policía.
Mediante esa iniciativa, conocida como Comunidades Seguras, las fuerzas policiales deben tomar las huellas dactilares de los detenidos y enviarlas a la base de datos del Servicio de Migración y Aduanas, lo cual facilita la deportación de los ilegales.
Los empleados indocumentados representan el 9% del total del estado y el 12% de la fuerza laboral de Los Ángeles.
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