A tenor de lo ocurrido el primer día del 'impeachment' contra Donald Trump, el juicio político contra el presidente de EEUU será veloz y previsiblemente absolutorio. Eso entra en los planes de la Casa Blanca que busca un proceso rápido que no interfiera con el discurso sobre el estado de la Unión, que Trump tiene previsto dar el 4 de febrero.
Donald Trump
© REUTERS / Jonathan Ernst
Nada más empezar el impeachment, encuadrado en la 2ª sesión del 116º Congreso de EEUU, el sargento de armas del Senado Michael Stenger, proclamó en voz alta: "Se ordena a todas las personas mantener silencio bajo pena de prisión".

El sargento de armas es el oficial de Policía Federal encargado de mantener el orden durante las reuniones legislativas. Así pues, los 100 senadores, ya convertidos en jueces, no pueden hablar, ni usar móviles ni ningún otro dispositivo electrónico ni estar de pie. Sus preguntas se harán por escrito.

El primer día de intervenciones y votaciones se centró en las estrictas reglas de juego. Transcurrió en una atmósfera de extrema acritud entre los representantes legales de Trump y la delegación de la Cámara de Representantes (la Cámara Baja del Congreso), promotora de la moción de destitución por dos cargos: obstrucción de la justicia y abuso de poder. El enfrentamiento fue tan bronco que, de manera excepcional, intervino el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, árbitro designado del juicio, para reprochar el tono descalificativo de los discursos.

Los abogados y consejeros de Trump, que el 21 de enero asistían al Foro de Davos, en Suiza, arguyen que él no hizo nada malo y subrayan que los demócratas están debilitando la autoridad de la Presidencia. Rechazan la validez de las dos acusaciones porque, en su opinión, no suponen ninguna violación de la ley y sólo muestran una interpretación constreñida y rechazable del uso de poder con el único objetivo de destituir al jefe del Estado.

Aunque no contestaron a los hechos básicos del caso, mantienen que las denuncias de los demócratas sólo buscan castigar a Trump por sus decisiones en materia de política exterior y sus esfuerzos para mantener las prerrogativas presidenciales.

La acusación

Uno de los letrados contratados por Trump es Alan Dershowitz, defensor de Jeffrey Epstein y O.J. Simpson. Dershowitz estima que el abuso de poder no es un motivo constitucional para un juicio político.
"Es tan vago que la mitad de los presidentes norteamericanos, desde Adams hasta Jefferson, desde Lincoln hasta Roosevelt, fueron acusado por sus enemigos políticos de abusar del poder", dijo en una entrevista.
Pero el abuso de poder se encuentra precisamente en el corazón de lo que los padres de la Constitución, ratificada en 1787, consideraron susceptible de motivar la destitución

La acusación, por su parte, sostiene que Trump se extralimitó en sus funciones. Insiste en que pidió a un Estado extranjero, en una fatídica llamada telefónica llevada a cabo en julio de 2019, que interfiriera en las elecciones presidenciales de 2020 para su propio beneficio, al presionar a Ucrania para que anunciara la apertura de una investigación contra uno de sus rivales, el exvicepresidente demócrata Joe Biden, para así, a cambio, retener casi 400 millones de dólares en ayuda para material de seguridad y también para cerrar una ansiada visita a la Casa Blanca del presidente Volodímir Zelenski.

Tras 12 horas de deliberación, los demócratas chocaron con el sólido muro de los republicanos quienes rechazaron todas sus enmiendas, cerrando filas, pues son mayoría en el Senado: 53 frente a 47 (45 más dos independientes).

El autor de la resolución sobre las reglas del juego, el líder de la mayoría republicana y senador por Kentucky, Mitch McConnell, cedió en el último momento a las presiones de los demócratas y a la preocupación de la senadora republicana por Maine y suavizó el procedimiento del juicio político, ampliando un día más, de dos a tres, el plazo de los debates de ambas partes.

Pero, al final, el Senado no aceptó la citación de testigos ni la entrega de documentos, aunque volverá a votar sobre esa espinosa cuestión después de escuchar a ambas partes, lo que hace prever el mismo resultado, es decir, el juicio político podría estar resuelto en apenas una semana, favoreciendo a Trump. El de Bill Clinton, en 1999, se prolongó cinco semanas.

Los demócratas denuncian que esa limitación procesal desembocará en un juicio injusto, pues no se escucharía el jugoso testimonio de personas relacionadas con los hechos, entre ellas el exconsejero de Seguridad Nacional, John Bolton, famoso por su lengua afilada y su ideología ferozmente conservadora.

El último recurso

El único que podría cambiar el guion ya escrito y darle algo más de emoción a todo este espectáculo se llama Lev Parnas, un inversor ucraniano-americano. Parnas es un empresario experto en maniobras poco morales y negocios endeudados. Implicado en el caso hasta las cejas, ahora ha decidido "cantar" como hacían los 'pentiti', los mafiosos arrepentidos italianos, para mejorar su más que posible condena.

"El presidente Trump sabía perfectamente lo que estaba pasando. Estaba al corriente de todos los movimientos", declaró Parnas. "No creo que Trump sea como el crimen organizado. Creo que es el líder de una secta", añadió. Sus declaraciones, no obstante, parecen llegar un poco tarde y los republicanos intentarán que no sea convocado al Senado.

En definitiva, Estados Unidos está tan polarizado que ese sentimiento de fractura alcanzó los despachos del ala norte del Capitolio, plasmándose en la airada reacción del senador por Nueva York y líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, cuando dijo que la resolución inicial de su colega republicano McConnell era una "desgracia nacional".

Los argumentos de la defensa no son muy robustos pero eso poco importa ahora porque, dada la actual correlación de fuerzas en el Senado, la sentencia absolutoria ya está más que descontada. El juicio, además, ha despertado bastante poco interés mediático en EEUU, según las bajas cifras de audiencia televisiva que ha cosechado.

Asistimos a una encarnizada guerra de relatos entre los dos partidos hegemónicos, una lucha sin cuartel donde aflora la profunda división sociopolítica estadounidense. Asistimos a un proceso muy poco habitual en la historia norteamericana. Sólo dos presidentes antes de Trump, Andrew Johnson en 1868, y Bill Clinton en 1999, pasaron por semejante situación vergonzosa.

Ambos salieron exonerados, pero tuvieron que batirse el cobre para ello. Trump también saldrá del atolladero, pero por primera vez, el juicio político concierne a un presidente candidato a la reelección, lo que añade más tensión si cabe al asunto.