
No obstante, la Coordinadora ha dicho que la medida complace intereses de los sectores de la oligarquía nacional, violando la Constitución Política del Estado y la Ley de la Madre Tierra.
De acuerdo con la Carta Magna de la nación suramericana, el Estado debe "garantizar la seguridad alimentaria mediante una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población".
De ponerse en vigor el decreto se emplearía el glifosato, un agrotóxico empleado en el 85 por ciento de los cultivos transgénicos y que es muy nocivo para la salud humana, de acuerdo con estudios científicos.
Esta es una de las razones por la que la Coordinadora rechaza este tipo de agricultura, que favorecería mayormente a las grandes empresas y provocaria la desaparición de medianos y pequeños productores.
En el comunicado se exhorta a a la Asamblea Legislativa Plurinacional a accionar para que la referida disposición sea invalidada.



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