Traducido por el equipo de SOTT.net

Nuestros gobiernos pretenden transferir las decisiones sobre nuestra salud, familias y libertades sociales al Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), siempre que este lo declare necesario. El éxito de esta transferencia de poder depende de la ignorancia pública de sus implicaciones, y de la naturaleza de la propia OMS y sus recientes retrocesos en la política de pandemias. Cuando el público entiende, es más probable entonces que sus líderes actúen en su interés y no en su contra.
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A finales de 2019, la OMS emitió nuevas recomendaciones para la gripe pandémica. La gripe se propaga por el mismo mecanismo que la Covid-19 (aerosoles), con una mortalidad similar en la mayoría de las personas. La OMS declaró que "no se recomienda en ningún caso" llevar a cabo el rastreo de contactos, la cuarentena de las personas expuestas, los controles de entrada y salida y el cierre de fronteras. Preveían que en una pandemia grave podría ser necesario cerrar los comercios de siete a diez días.

La OMS advirtió contra las medidas estrictas porque tendrían un impacto mínimo en la propagación de un virus respiratorio en aerosol, al tiempo que inevitablemente aumentaría la pobreza, perjudicando sobre todo a las personas con bajos ingresos. La pobreza hace que la gente muera más joven y es una de las principales causas de mortalidad infantil en los países de renta baja.

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Pocos meses después, la OMS abogó por todo lo que antes había desaconsejado para combatir la Covid-19. Esta marcha atrás en sus recomendaciones tuvo el efecto que habían predicho: aumentar la pobreza y acortar la esperanza de vida, especialmente entre los más pobres y vulnerables del mundo, al tiempo que tuvo un impacto global mínimo en la propagación del virus.


Comentario: Las medidas también disminuyeron enormemente la inmunidad natural del público, que normalmente se habría adquirido si se hubiera permitido a la gente vivir su vida con normalidad.


Mientras que las recomendaciones de la OMS para 2019 se basaban en la evaluación de décadas de conocimientos de un grupo de expertos, sus recomendaciones de bloqueo por Covid-19 se basaban sólo en la experiencia de una ciudad de China. Su nueva fuente de conocimiento afirmó, unas semanas antes, que el nuevo virus no tenía transmisión entre humanos. A esto le siguió una aparente propaganda, recogida por los medios de comunicación de todo el mundo, de gente cayendo muerta en las calles.

Es vital comprender qué impulsó esta inversión de la política de la OMS y detallar sus perjuicios. Las prioridades internacionales de salud pública se están trastocando actualmente con el objetivo específico de permitir a la OMS hacer esto de nuevo, con más fuerza y más frecuencia. En mayo de 2024, nuestros países votarán para permitir que una sola persona dicte el cierre de fronteras y la cuarentena, y exija exámenes médicos y la vacunación de sus ciudadanos. Acordarán censurar a quienes protesten. Nuestros gobiernos se comprometerán a hacer efectivamente vinculantes las recomendaciones de este individuo sobre nuestros derechos a la vida familiar, al trabajo y a la escuela.

Al promover los confinamientos, la OMS no sólo seguía a China, sino a un grupo de poderosos intereses relacionados con la industria farmacéutica que llevan más de una década impulsando estos planteamientos. Han establecido asociaciones público-privadas como la CEPI, con sede en Suiza, canalizando fondos de los contribuyentes para promover su enfoque autoritario de la salud pública. En octubre de 2019, una reunión llamada Evento-201 fue convocada por la Fundación Bill y Melinda Gates, el Foro Económico Mundial y la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, incluida la OMS, China, los CDC y otros, para ejecutar simulaciones de tales enfoques para un hipotético brote de coronavirus. En ese momento, el virus de la Covid-19 ya debía de estar circulando mucho más allá de China.

Al tiempo que establecían esta influencia sobre la política de salud pública, las farmacéuticas y sus inversores privados financiaban cada vez más a la propia OMS, aportando ahora alrededor del 25% de su presupuesto. Esta financiación es "específica", lo que significa que el financiador decide cómo y dónde se gasta. Algunos gobiernos también "especifican" ahora la mayor parte de su financiación, lo que lleva a que más del 75% de las actividades de la OMS estén determinadas por el donante. Alemania destaca como el segundo mayor donante nacional tras EEUU, siendo también un importante inversor en BioNTech, el desarrollador de la vacuna de ARNm Covid-19 de Pfizer.

Descartando la inmunología básica, la OMS afirmó entonces a finales de 2020 que sólo la vacunación podía conducir a una alta inmunidad comunitaria ("inmunidad de rebaño") y se convirtió en uno de los principales defensores de la vacunación masiva dentro de una epidemia, alineándose plenamente con sus patrocinadores privados. Presionados por mentir de forma evidente, luego cambiaron a una preferencia por la vacunación, igualmente insensata como afirmación general, ya que muchos virus cotidianos son obviamente leves. Aunque no se basa en pruebas o conocimientos, esto sirve claramente a un propósito.

A pesar de que existe un subgrupo claramente identificado de personas con alto riesgo de covid, la vacuna para todos fue promovida por los inversores farmacéuticos como una "salida" a los confinamientos que estas mismas personas habían defendido. El incoherente mantra de la OMS sobre la "vacuna" covid ("nadie está seguro hasta que todos estén seguros") se supone que apoya esto, pero lógicamente implica que la vacuna ni siquiera protege a los vacunados.

En los países occidentales, los resultados de estas políticas son cada vez más claros: desigualdad creciente, cierre de empresas y aumento de la mortalidad de adultos jóvenes por todas las causas. En los países de renta baja de África y Asia a los que la OMS dio prioridad en su día, sus acciones han sido más devastadoras aún. Como se predijo a principios de 2020, la malaria, la tuberculosis y el VIH/SIDA aumentan, matando a más personas y a una edad mucho más temprana que la Covid-19. Más de 100 millones de personas se enfrentan a la desnutrición, hasta 10 millones de niñas más sufrirán matrimonios infantiles y violaciones nocturnas, y millones de madres más perderán a sus bebés debido a los efectos de una pobreza más profunda. UNICEF estimó en cerca de un cuarto de millón las muertes infantiles añadidas a causa de los encierros en el sur de Asia sólo en 2020. La OMS lo hizo: afirmó que ocurriría y luego fomentó su aplicación.

Pocos ganaron con la respuesta a la covid, pero los que lo hicieron ganaron; en particular, los financiadores privados y corporativos de la OMS con grandes activos farmacéuticos y de programas informáticos, ganaron masivamente. Los empleados de la OMS y otras personas que trabajan en la salud mundial también prosperaron, y ahora se están asegurando carreras lucrativas a medida que se amplía la agenda. A medida que la vieja salud pública basada en la evidencia se deja de lado, es en la nueva salud pública de empresarios de programas informáticos y magnates de la farmacia donde se harán las carreras.

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Así pues, tenemos un problema. La OMS, que ostensiblemente lidera el espectáculo, está profundamente en conflicto a través de sus inversores privados, mientras es gobernada por una Asamblea que incluye a poderosos Estados hostiles a los derechos humanos y la democracia. Sus políticas de personal, basadas en cuotas de países y normas que promueven la retención en lugar de la contratación selectiva, ni siquiera están diseñadas para garantizar la pericia técnica.

El comportamiento reciente de este personal (cumplimiento ciego y obediente de las múltiples afirmaciones sin sentido de la organización) debe plantear dudas sobre su integridad y competencia. La creciente industria de las pandemias cuenta con un enorme arsenal financiero destinado al patrocinio mediático y político, y nuestros políticos temen caer en el olvido político si se oponen a ella.

Las pandemias son raras. En el siglo pasado, incluyendo la covid, la OMS calcula que se ha producido una por generación. Cuestan menos años de vida durante su propagación que la tuberculosis o el cáncer cada año. Nadie puede afirmar racionalmente que nos enfrentamos a una crisis existencial, o que renunciar a la libertad humana en favor de las farmacéuticas y los empresarios privados sea una respuesta legítima de salud pública en caso de que nos enfrentemos a una. Nuestras democracias se están erosionando a través de un enorme negocio amoral, una estructura diseñada para concentrar la riqueza de muchos en manos de unos pocos. La Covid-19 demostró que el modelo funciona.

La única cuestión real es si se puede detener este tren pandémico que destroza la sociedad, y cómo hacerlo. Las profesiones de la salud pública quieren carreras y salarios, y no intervendrán. Lo demostraron en anteriores manifestaciones de fascismo. El público debe educarse a sí mismo, y negarse a obedecer luego. Sólo podemos esperar que algunos de nuestros supuestos líderes den un paso al frente para ayudarles.
David Bell, investigador principal del Brownstone Institute, es médico especialista en salud pública y consultor biotecnológico en salud mundial. Ha sido médico y científico de la Organización Mundial de la Salud (OMS), jefe del programa de malaria y de enfermedades febriles de la Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) de Ginebra (Suiza) y director de tecnologías sanitarias mundiales del Intellectual Ventures Global Good Fund de Bellevue (Washington, EEUU).