Tras las negociaciones llevadas a cabo con los representantes del sector agrícola, el gobierno francés ha presentado el proyecto de ley agrícola que pone en el centro la soberanía alimentaria, convirtiéndola en una prioridad para las políticas públicas a nivel nacional.
agricultores franceses
Un paso también importante que tendrá impacto a nivel europeo, según los expertos, pues abre el camino hacia la equiparación entre la importancia de la soberanía alimenticia y la protección de la sostenibilidad medioambiental.

El ministro de agricultura, Marc Fesneau, ha presentado el proyecto de ley esta mañana ante el Consejo de Ministros francés.

Esta propuesta legislativa «sitúa la soberanía alimentaria en el centro del debate parlamentario y público», como «un elemento estructurante de la política pública», según han trasladado a los medios de comunicación los funcionarios del ministerio de agricultura de manera oficial en una sesión informativa que tuvo lugar ayer.

Una legislación que mira al futuro

Este proyecto de ley tiene como objetivo orientar el desarrollo de la agricultura francesa en los próximos años.

Entre las promesas hechas por el gobierno francés a los agricultores, se encuentan recogidas en la ley importantes cambios como la eliminación del impuesto al gasóleo empleado en la agricultura, así como la simplificación de la burocracia.

El artículo uno consagra la soberanía agrícola como prioridad para el futuro y como un elemento clave de financiación de la acción política.

Otro de los elementos principales de esta nueva legislación, es garantizar el relevo generacional, aplicando así impulso y medidas que faciliten la llegada de trabajadores jóvenes al sector.

También se prevén medidas de agilización de procesos administrativos, como por ejemplo, la aceleración de la toma de decisiones judiciales que afecten a litigios que tengan que ver con asuntos relacionados con la soberanía alimenticia.

Cambio de sanciones penales a multas administrativas

Estas nuevas medidas, también se tendrán que conjugar con la reducción de las sanciones que hasta ahora se pretendían imponer por daños medioambientales. «No vamos a enviar a prisión a un agricultor por podar su seto en el momento equivocad», dijo el ministro. Se sustituirán las sanciones penales por administrativas como una de las medidas de mayor impacto.

El proyecto de ley será examinado por la Asamblea Nacional el 13 de mayo y después por el Senado en la segunda quincena de junio. Su adopción final está prevista antes del verano.