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En medio de cuestionamientos a la justicia comenzó el juicio sobre el vertido del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia, ocurrido en 2002 y considerado la mayor catástrofe ecológica en la historia de España.

Una década después del naufragio del buque libanés con pabellón de Bahamas, el denominado macrojuicio arrancó este martes en la ciudad gallega de La Coruña, donde fue necesario habilitar un recinto ferial dadas las dimensiones del proceso.

Concurren al mismo más de dos mil afectados, 133 testigos, 98 peritos, 51 abogados y 21 procuradores.

En el juicio, que se prolongará hasta mayo de 2013, serán juzgados el capitán del Prestige, el griego Apostolos Mangouras, otros dos oficiales y el entonces director de la marina mercante española, José Luis López-Sors.

La primera sesión de la causa fue para plantear cuestiones previas al proceso, que se reanudará el 13 de noviembre con las declaraciones de los acusados, en un banquillo considerado por muchos exiguo para las dimensiones de la catástrofe.

Precisamente, en esa fecha se cumplirán 10 años de la avería del petrolero frente a las costas de la comunidad autónoma de Galicia, en el noroeste español.

Tras pasar seis días a la deriva en el océano Atlántico, el barco, cargado con 77 mil toneladas de fuel, se partió en dos y se hundió en el mar.

Durante las siguientes semanas, se escaparon unas 50 mil toneladas de fuel que contaminaron miles de kilómetros de litoral español, portugués y francés.

La Fiscalía pide 12 años de cárcel para el capitán del Prestige por un delito contra el medio ambiente y otro de daños en un espacio natural protegido.

Sin embargo, la agrupación Ecologistas en Acción denunció la semana pasada que los principales responsables de la marea negra no se sentarán en el banquillo de los acusados.

Se pudo haber sido mucho más ambicioso en las acusaciones, afirmó Jaime Doreste, abogado de esa organización no gubernamental, al considerar que la actuación de López-Sors no fue unilateral y la cadena de decisiones llegó a responsables políticos más altos.

Coincidiendo con el inicio del proceso, la plataforma ciudadana Nunca Máis reclamó un juicio ejemplar, en el cual debían estar también imputados altos cargos del gobierno de José María Aznar (1996-2004), del derechista Partido Popular (actualmente en el poder).

Este sumario tenía que estar a la altura de lo que significó el movimiento de solidaridad no sólo en Galicia, sino en toda España y en el mundo, afirmó el escritor Manuel Rivas, quien se concentró junto a centenares de personas frente a Expocoruña, sede del juicio.

El Ministerio Fiscal reclama indemnizaciones por más de cuatro mil millones de euros, de los cuales más de dos mil 200 millones corresponden a la responsabilidad civil.

Los expertos consideran que esa es la cuantía económica adecuada para compensar los graves daños causados por el vertido, en particular en sectores como el pesquero, que quedó afectado durante años y registró un notable descenso de las capturas.