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Decenas de sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos escenificaron hoy un multitudinario repudio al gobierno capitalino de Mauricio Macri por la represión policial contra trabajadores y pacientes de un hospital de la ciudad.

La gigantesca manifestación se extendió por cuadras a lo largo de la avenida de Mayo desde la avenida 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo, frente a la sede del gobierno local que encabeza Macri en una inmensa multitud que primero marchó organizada y disciplinadamente.

Banderolas, banderas, carteles, pancartas pequeñas y enormes le dieron colorido a la concentración, cuya dimensión y número de participantes es por ahora incalculable con exactitud.

Allí estaban los afiliados de los sindicatos de Trabajadores del Estado y de la Educación, de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), de la Central General de Trabajadores y de la Unión del Personal Civil de la Nación, entre otros gremios.

Además se movilizaron variados movimientos como Evita Capital, la Corriente Peronista, la Juventud Peronista, Forja, La Cámpora, Tupac Amaru, la Corriente Clasista Combativa, y entre otros partidos el de La Victoria y el de los Trabajadores Socialistas, pudo comprobar Prensa Latina.

En el acto frente a la jefatura porteña, el secretario general de ATE Capital, José Luis Matassa, pidió el juicio político a Mauricio Macri, y la renuncia inmediata de su ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro.

"Más allá de los matices, contra la represión del gobierno de Macri todos juntos los trabajadores decimos basta de represión", dijo Matassa, uno de los oradores de la concentración que encabezó el personal del hospital neuropsiquiátrico José T. Borda.

Esos trabajadores fueron víctimas el viernes último de una arremetida de la Policía Metropolitana que incluso empleó balas de goma, gas pimienta, cachiporras y escudos antimotines, con saldo de 50 heridos y ocho detenidos, de acuerdo con denuncias.

La gendarmería protegió la demolición de un taller de Borda utilizado para la rehabilitación de enfermos mentales, que estaba protegido por decreto judicial. De todas formas, la autoridad capitalina ordenó su destrucción para construir un centro cívico.

Macri y Montenegro, a quien la legislatura porteña le pidió por unanimidad su renuncia, justificaron el accionar de la policía contra médicos, enfermeros, pacientes y periodistas, a quienes incluso llamaron "violentos que le ponen la espalda a las balas".

Matassa recordó que la demolición del Taller Protegido 19 no debió realizarse por estar vigente un amparo judicial presentado por el gremio y los trabajadores del Borda.

"Violaron la ley. Había un amparo a favor de nosotros para que no se hiciera esa construcción", denunció el gremialista en su denuncia contra las autoridades capitalinas.