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Las organizaciones campesinas de Paraguay pidieron el martes castigo para los responsables gubernamentales vinculados a la compra ilegal de tierras por el Estado.
La solicitud fue realizada por un total de 14 entidades de labriegos después del escándalo producido por el Instituto de la Tierra que adquirió unos terrenos a altos precios y como colofón de un pacto político.
La tierra de la empresa San Agustín fue vendió de forma apresura a dicho Instituto mientras su partido pactaba con el gobernante Liberal Auténtico.
La forma apresurada de la venta causó el pago a la firma de unos 11,5 millones de dólares en billetes pequeños, pues esta cantidad de dinero fue retirado de inmediato del banco.
El contrato ni esclareció ni un poco la denuncia de que las tierras en realidad ya eran estatales y destinadas a los campesinos pobres.
"Allí solo hay dos o tres campesinos ocupantes de una ínfima parte del lugar y lo que se está haciendo es construir fincas para descanso de fines de semana de los influyentes políticos quienes ahora vendieron, pero no desocuparon las tierras", declaró el senador del Frente Guasú, Sixto Pereira.
Los entes campesinos plantearon que se trata de blanquear el oscuro negocio y lograr evadir la responsabilidad, no sólo de la dirección de la organización encargada de realizar la nunca materializada reforma agraria, sino de altas autoridades oficiales.
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