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Pero también destaca que entre enero y junio se cerraron más de 30 campos tras desalojos forzosos, lo que afectó a más de 2.140 personas, y que otras 75.000 seguían viviendo bajo esa amenaza.
En dichos desalojos se recurrió a la coacción, el acoso y la violencia y a las personas que se quedaron de nuevo sin hogar no se les ofreció alojamiento alternativo, según el informe.
AI indica, no obstante, que el Gobierno, con la ayuda de las organizaciones internacionales, continuó con sus programas destinados al retorno y al reasentamiento de los desplazados internos que estaban en lugares en los que hay un mayor riesgo de desastres naturales.
El informe califica de terribles las condiciones de vida en los campos y señala que aunque los servicios de saneamiento mejoraron en algunos, preocupa la calidad del agua y su relación con el aumento de los casos de cólera registrados durante la temporada de lluvias y huracanes.
Asimismo dice que la recuperación tras el terremoto continuó a un ritmo lento, en parte debido a la inestabilidad política, la falta de solidez de las instituciones públicas y los retrasos en el desembolso de los fondos prometidos por la comunidad internacional.
En ese sentido, el informe dice que de los 5.530 millones de dólares prometidos, hasta septiembre solo se habían entregado 2.790 millones.
AI también denuncia que las mujeres y las niñas continuaban sufriendo violencia de género, y participando en el comercio sexual para ganarse el sustento.
El documento indica que según organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, aquellas que vivían en los campos para desplazados corrían un especial peligro de sufrir violencia de género y explotación sexual.
La organización humanitaria destaca que no se han tomado medidas para abordar la impunidad por los abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado.
El informe refiere que, en enero, un juez desestimó las denuncias por crímenes de lesa humanidad presentadas por 22 víctimas contra el expresidente haitiano Jean-Claude Duvalier.
El juez, que afirmó que los tribunales haitianos no eran competentes para investigar y procesar crímenes de lesa humanidad, concluyó que Duvalier solo debía ser juzgado por corrupción y malversación de fondos públicos.
Por último, AI dice que en julio se creó por fin el Consejo Superior del Poder Judicial, pero su funcionamiento se vio dificultado por divisiones internas que desembocaron en la retirada temporal de dos de sus miembros, uno de ellos el representante del sector de los derechos humanos.
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