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La policía eslovaca ha actuado de forma violenta, usando una fuerza desproporcionada, contra gitanos indefensos, hombres, mujeres y niños del enclave denominado Budulovská de la ciudad de Moldava nad Bodvou.Los hechos han sido denunciados por testigos presenciales pero de forma absolutamente contundente por el Centre for Sustainable Development que es una ONG de desarrollo sostenible que colabora con el Ayuntamiento prestando servicios sociales integrales. Estos han sido los primeros en solicitar del Ministerio del Interior que se abra una investigación sobre la actuación de la policía.
Los gitanos del asentamiento de Budulovská habían participado en un programa educativo llamado ROMANET y para celebrar su clausura organizaron una fiesta con actividades culturales y deportivas a la que invitaron a los habitantes del lugar y a otros colaboradores. Y tras la finalización del programa oficial la fiesta continuó de forma informal con canciones y bailes. Nos consta que una patrulla de la policía Municipal se acercó al lugar ─situado aproximadamente a 1,5 km de la zona residencial de la ciudad─ sin que detectaran el más mínimo problema.
Pero sobre las 23 horas algunos miembros del Cuerpo de la Policía del Estado de Eslovaquia llegaron al lugar y pidieron que se bajara el volumen de la música. Por supuesto la petición fue atendida. Pero esta misma Patrulla regresó al sitio de nuevo, cuando la fiesta había terminado y los organizadores estaban desmontando el equipo. Y aquí empezó la tragedia:
Uno de los policías agredió a un menor, Leonard H., refiriéndose a supuestos "asuntos sin resolver del pasado". A partir de ahí se produjo un enfrentamiento entre los habitantes del asentamiento y los agentes de la policía. Los gitanos se defendieron tirando piedras contra el vehículo policial que resultó con una ventana rota. Como consecuencia la policía se llevó detenidos a dos menores, el propio Leonard H. y a Ernest R., ambos discapacitados mentales, manteniéndoles en la comisaría de Kosice durante cuatro días.
Pero he aquí que el mismo miércoles día 19 de junio, sobre las cinco de la tarde las fuerzas policiales invadieron Budulovská. Llegaron más de 60 agentes enmascarados subidos en 20 vehículos policiales.
Sin ningún tipo de advertencia empezaron a registrar las casas. Los habitantes del asentamiento no opusieron resistencia alguna durante esta intervención a pesar de lo cual más de 30 personas resultaron heridas. Algunos de los golpeados necesitaron de atención médica y las marcas señaladas en sus cuerpos por los palos de los policías aún son visibles incluso en niños pequeños. Hasta un bebé de pocas semanas de edad perdió el conocimiento.
Los agentes se comportaron de forma inhumana y con una violencia innecesaria causando graves daños en las viviendas y en las escasas propiedades de los habitantes del barrio. Destrozaron puertas y ventanas, rompieron muebles y causaron daños en los vehículos. Alrededor de 15 personas fueron detenidas y trasladadas a la comisaría de Moldava nad Bodvou. Allí, en el interior de la comisaría, los detenidos fueron de nuevo agredidos físicamente por la policía. Algunas de estas personas eran educadores sociales y otras estaban trabajando en un Programa de Investigación Sociológica de las Naciones Unidas.
Mas tarde, ¡terrible sarcasmo! estas personas fueron puestas en libertad sin cargos.
Ahora podemos afirmar que los acontecimientos en Moldava nad Bodvou han causado un daño irreparable en la confianza mutua establecida entre la comunidad gitana y la sociedad no gitana del lugar. La policía ha saboteado los intentos realizados por las instituciones internacionales, por las ONGs, así como por la Unión Europea en sus intentos de facilitar la inclusión social de los gitanos.
La Unión Romani, que está trabajando activamente en este enclave eslovaco junto a siete organizaciones internacionales pertenecientes a otros tantos países, liderados por la Fundación Yehudi Menujin (Art4ROM), manifiesta su convencimiento de que estamos ante un abuso de poder por parte de unos funcionarios públicos que no han tenido el más mínimo reparo en violar los derechos humanos básicos.
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