La conclusión de no sentenciar deja un rastro de sospechas sobre las presiones del poder transnacional para seguir actuando impunemente contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Pese a la década transcurrida el recuerdo no languidece: reaparecen las costas de Finisterre en Galicia enlutadas con el petróleo vertido por el achacoso Prestige, de bandera panameña y una carga de 77.000 toneladas de fuel. El trasiego inmediato de miles de voluntarios recogiendo chapapote con sus manos enfrentó el limbo inicial de decisiones mientras el buque herido continuaba envenenando el litoral, la fauna y la flora marinas.
El tribunal considera que con 26 años de antigüedad fueron insuficientes las inspecciones de control sobre el funcionamiento del carguero. Aun así la sociedad estadounidense American Bureau of Shipping (ABS)expidió el certificado de navegabilidad que le permitió llegar con sus carencias a bordo hasta las aguas territoriales de la comunidad gallega donde ocurrió el derrame tóxico que se extendió por la costa norte española y llegó hasta la francesa.
El 19 de noviembre de 2002, a unas 130 millas marinas (250 kilómetros) de las orillas gallegas, el Prestige se parte en dos y tras su hundimiento continúa el daño valorado por la Fiscalía, en 4.328 millones de euros. La sentencia hoy precisa que sólo quedarán para indemnizaciones los 22 millones de euros de fianza depositados hace 11 años por la aseguradora londinense del barco. Al capitán Mangouras se le castiga levemente con nueve meses de cárcel - que no cumplirá- por desobediencia pues demoró tres horas el remolque del petrolero accidentado.
Sin culpables la decisión judicial once años después de la mayor desgracia ecológica ocurrida en España asombra a su opinión pública. Paradójicamente el resultado del juicio que se ha extendido durante ocho meses coincidecon la decisión de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Ecuador que sentencia a la petrolera norteamericana Chevron a indemnizar con 8.646 millones de dólares (6.500 millones de euros) a los habitantes del cantón de Lago Agrio.
La multinacional ha reaccionado con malestar pese a que tras su recurso de casación contra la sentencia emitida por un tribunal provincial ecuatoriano en 2011, se reduce en casi la mitad el pago por haber contaminado las aguas de la región entre 1964 y 1992 con sus prácticas extractivas. El pataleo de Chevron continuará ahora en los tribunales norteamericanos pero las autoridades ecuatorianas no se amilanan. Es lo que ocurre cuando tribunales y políticos coinciden en la voluntad de servir a sus ciudadanos y a sus riquezas naturales.
Ecologistas en Acción rechaza el resultado de la sentencia de la Audiencia Provincial de Coruña sobre el Prestige y la considera decepcionante porque no sólo no ha determinado responsabilidades respecto de otros responsables políticos del Gobierno o de la cadena de propietarios y gestores del buque, sino que ha absuelto a los que estaban acusados en el proceso. La única condena ha sido de 9 meses para el capitán Apostolos Mangouras pero por un delito de desobediencia respecto de las autoridades españolas.
A pesar de que la sentencia reconoce el deficiente y precario estado del petrolero y que el control de la inspección realizada tiempo atrás por la empresa ABS no fue adecuado, los jueces no encuentran responsabilidades en ese ámbito. Ecologistas en Acción entiende que si el estado del buque es notoriamente deficiente y se produce un accidente que ocasiona un grave vertido la responsabilidad debe atribuirse a quienes tuvieron la capacidad de tomar decisiones sobre la navegabilidad del barco, que no son otros que las empresas propietarias y el capitán.
Los responsables de su estado son los que han podido adoptar medidas para el cumplimiento de las medidas de seguridad que les hubieran podido imponer en las revisiones efectuadas, en la inversión en medidas de mantenimiento y mejora de la estructura y casco del buque, o en las propias revisiones realizadas, es decir, el armador, el fletador, el propietario o la compañía de inspección. El que la apertura del boquete se produjera por el temporal, por una ola gigante o por el colapso de un tabique de la estructura o por todos los factores a la vez, no es tan determinante como el estado previo del barco.
Más sorprendente es la absolución de quien aparece en el proceso como el único responsable administrativo del alejamiento del petrolero accidentado: el Director General de la Marina Mercante. Para Ecologistas en Acción, no es de recibo considerar, como hace la sentencia, que acercar el barco a la costa hubiera traído más problemas que el alejamiento. En aquellas fechas ya existían protocolos y había experiencia sobre que un posible derrame en un puerto supone un impacto económico y ecológico menor que en mar abierto, donde se dispersa y reparte la contaminación, como se comprobó después, por cientos de kilómetros de costa. No se puede afirmar que las autoridades españolas tuvieran en ese momento el asesoramiento adecuado.
Para Ecologistas en Acción, la mayor catástrofe ambiental del Estado español y una de las mayores de Europa, con impactos ambientales y por supuesto también sociales y económicos, se salda por la justicia española con una sentencia vacía que nos llena de indignación.
El proceso judicial ya nacía viciado desde el principio para Ecologistas en Acción dado que no todas las personas que participaron en la toma de decisiones sobre la catástrofe, como Mariano Rajoy, Miguel Arias Cañete, Jaume Matas o Francisco Álvarez Cascos, estaban sentados en el banquillo.
Una vez más se demuestra que la justicia es incapaz de juzgar grandes catástrofes ambientales, que quedan impunes, como el caso de Boliden con las minas de Aználcollar y ahora el hundimiento del Prestige.
Comentarios del Lector
a nuestro Boletín