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El escándalo de corrupción que por estos días sacude a Turquía ha sembrado la discordia entre los poderes Ejecutivo y Judicial, pues hoy el primer ministro Recep Tayyip Erdogan atacó con fuerza las últimas decisiones del Tribunal Constitucional.

"El poder Judicial de Turquía es una vergüenza y ha cometido un crimen", afirmó Erdogan al referirse a la disposición del Tribunal de anular un decreto gubernamental que obliga a la policía a informar al Ministerio del Interior cualquier solicitud fiscal de realizar detenciones en los casos investigados.

Tras el arresto de 80 personas la pasada semana acusadas de pertenecer a una red de corrupción, incluidos hijos de ministros y empresarios, el Ejecutivo emitió esa orden el sábado, en aras de controlar el trabajo de la Justicia.

Según denunció ayer el fiscal Muamer Akkas, la normativa posibilitó que no ocurriera una segunda ola de detenciones por las investigaciones sobre corrupción, y esta vez estaba implicado incluso el hijo del primer ministro.

Akkas explicó que la policía se negó a ejecutar los arrestos pedidos por la fiscalía para avanzar en las pesquisas, con lo cual "el sistema judicial se ha visto sometido a presión abierta y la ejecución de órdenes de los tribunales se ha visto obstruida".

Como respuesta a las protestas de los juristas, el Tribunal decidió declarar inconstitucional el decreto gubernamental y devolver a la Justicia y la Policía su independencia del gobierno, lo cual incitó la ira de Erdogan.

La corte "ha cometido un delito. ¿Quién lo juzgará? Yo lo juzgaría ahora mismo, si tuviera la autoridad. Pero lo juzgará la nación", afirmó hoy en un mitin, en lo que la prensa reseña como el inicio de un guerra entre el Ejecutivo y los juristas.

El escándalo de corrupción inició la semana pasada con las investigaciones de una red de sobornos y fraudes en el otorgamiento de licencias para la construcción, pero ahora la prensa reporta nuevas averiguaciones sobre un caso muchos más grande que involucra a altos funcionarios, empresarios, y hasta artistas.

Sobre el asunto, Erdogan declaró que son acusaciones sin base legal alguna, pues se trata de un complot internacional contra su gobierno.

En este sentido, destituyó a unos 70 miembros de la fuerza de seguridad que colaboraron con las investigaciones y realizaron los primeros arrestos, entre ellos, el jefe de la policía en la occidental ciudad de Estambul.