Tras una larga resistencia popular, el Gobierno de Chile anunció el retiro del Parlamento de la tramitación de la denominada "Ley Monsanto" que promovía el poder de las transnacionales en la "protección de propiedad intelectual" de diversas variedades vegetales. La Ley de Obtentores Vegetales - nombre formal- había sido presentada por Michelle Bachelet en su gestión presidencial anterior. La norma fue repudiada por organizaciones sociales y políticas que denunciaron la privatización encubierta de las semillas en detrimento de pequeños productores.
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El proyecto de ley buscaba la adhesión del país sudamericano al convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales - UPOV 91- que protege el "derecho de propiedad intelectual" de quienes "crean" nuevas variedades vegetales destinadas a la industria agroalimentaria. "Obtentores vegetales" son fuertes empresas transnacionales y "variedades vegetales" son semillas transgénicas que se quieren patentar, privatizar.

Desde el año 2009 - cuando se presentó el proyecto en Diputados-, diversas organizaciones populares chilenas comenzaron una tenaz resistencia. La discusión gira en torno a la expansión masiva de transgénicos en Chile y el avance de los poderes monopólicos de empresas transnacionales productoras de semillas híbridas y transgénicas. Ello se traduce a su vez en vulnerabilidad por parte de pequeños y medianos productores quienes quedan sometidos al mercado agroalimentario de las transnacionales.

Tras años de movilizaciones, actos y señalamientos, la decisión de retirar la norma del tratamiento legislativo fue tomada luego de una reunión de coordinación legislativa entre la secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, con los jefes de bancada y de comité de la Nueva Mayoría, la fuerza oficialista. Desde el Gobierno Nacional argumentaron que harán "un análisis que recoja todo lo que se ha conocido en nuestro país e internacionalmente en esta materia, y que resguarde los derechos de las comunidades agrícolas, los pequeños y medianos agricultores", indicó Rincón.

El proyecto de la "Ley Monsanto" fue presentado en la Cámara de Diputados por la gestión de Bachelet, en enero del año 2009. Luego, fue aprobado en general y en particular en la Cámara Baja en marzo del 2010. Tras el visto bueno de la Comisión de Agricultura en el Senado, aún restaba el tratamiento en la sala de la Cámara Alta.

De inmediato, el Gobierno de Sebastián Piñera retomó la iniciativa. Una de las principales impulsoras de la norma legislativa fue la ex ministra vocera de Piñera y senadora Ena von Baer, que es propietaria del 15 por ciento de Semillas von Baer, socia en Chile de Monsanto.

"El lobby en favor de este proyecto lo han desarrollado las transnacionales, Chile Bio (Monsanto) y la Asociación Nacional de Productores de Semillas que agrupa a los exportadores de semilla transgénica, un cultivo que sí es legal en Chile y que ellos pretenden extender para el consumo interno", señalaron desde la organización Chile Sin Transgénicos.

Monsanto controla el 60 por ciento del mercado mundial de semillas y el 76 por ciento de agroquímicos, junto a otras multinacionales como Syngenta, DuPont-Pioneer, Bayer, Basf y DowAgro Sciencis.

Resistencia popular

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La semana pasada, la justicia de Brasil emitió un fallo histórico que anuló la comercialización de maíz transgénico de la multinacional Bayer en el Norte y Nordeste de Brasil. La medida sentó un precedente en la lucha popular contra el avance de los agronegocios y el dominio de las transnacionales. Asimismo cobra relevancia en el país que se ubica en el segundo lugar mundial en la producción de transgénicos con más de 36 millones de hectáreas sembradas.

No obstante, en el continente nuestro americano, las multinacionales aún poseen fuerte poder sobre los gobiernos para determinar qué produce, cómo y para quiénes. Dicha influencia alcanza los ámbitos legislativo y judicial, donde las empresas presionan para proteger y fomentar sus intereses en el agronegocio a partir de la pérdida de soberanía alimentaria. Aún se discute la polémica relación entre el lobby de Monsanto y el derrocamiento del presidente Lugo en Paraguay.

En el continente europeo varias naciones europeas prohibieron el cultivo y comercialización de granos de Monsanto a partir de las protestas de productores agrícolas por considerarlos nocivos para la salud y el suelo. Hasta el momento la lucha popular consiguió que se vede el avance de la empresa en lugares tales como Francia, Polonia, Alemania, Eslovaquia, Bulgaria, Gran Bretaña e Irlanda.