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Los labriegos, en su mayor parte miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC), arribaron a la capital en camiones formando tres caravanas que salieron desde diferentes departamentos del interior.
La XXI Marcha del Campesinado Pobre, que se realiza cada año, recoge la histórica reivindicación de la reforma agraria y la protesta contra el modelo agroexportador representado por las grandes plantaciones de soja, que según la FNC destruyen las pequeñas explotaciones agrícolas.
"Queremos conseguir que el gobierno y la ciudadanía escuchen nuestro reclamo contra el modelo de producción que deja más pobres a una mayoría y más ricos a una minoría", dijo a Efe Isabelino Garcete, coordinador de la FNC en el departamento de Canindeyú (noreste).
Garcete formaba parte de una avanzadilla de 300 labriegos que acampan desde el domingo en la Plaza de Armas, frente al edifico del Congreso.
La protesta de este año tiene como novedad que se agrega a la huelga general organizada por los sindicatos, que han dicho es la primera de las últimas dos décadas y en la que los campesinos también hacen suyas las reivindicaciones de esas fuerzas, principalmente la derogación de la Ley de APP (Alianza Público-Privada).
"Entendemos que el campesinado tiene que formar parte de la huelga general porque la ley de APP también nos afecta al estar ya privatizada la tierra", declaró Garcete.
La Ley de APP es una iniciativa del presidente Cartes, un rico empresario que se enfrenta a la primera huelga general de su mandato, iniciado en agosto de 2013.
Con ella el gobierno quiere atraer capital privado para la inversión en infraestructuras a cambio de otorgar a las empresas la concesión de su gestión y el cobro de tarifas.
Sin embargo, sus opositores denuncian que se trata de una privatización encubierta que dejará el país en manos de las empresas extranjeras.
Los sindicatos y organizaciones sociales que impulsan la huelga también piden la subida de un 15 % del salario mínimo y un control sobre los precios de la canasta básica.
La propuesta original era de un reajuste del salario del 25 %, pero en febrero el Gobierno decretó un incremento del 10 %, hasta los 1.82 millones de guaraníes al mes ($405).
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