Los resultados electorales del 25M han puesto en jaque a la gran clase política que mantiene el régimen, al poder bancario y empresarial y a los medios que tratan de conformar opinión. Y a la clarísima desaprobación social que han supuesto ha seguido un verdadero terremoto político.
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Quién ha sido uno de los elementos fundamentales en todos los grandes pactos de Estado en los últimos 25 años, Alfredo Pérez Rubalcaba, convocaba un congreso que lo pondrá fuera de juego para tratar de paliar la desafección electoral ya indisimulable que ha traído consigo la traición del gobierno de Zapatero y que quiebra uno de los pilares fundamentales del régimen.
La patronal no tardaba ni cuarenta y ocho horas en decir que había que pensar en subir salarios, reconociendo así que empieza a carecer de fuerza política, de legitimación y de instrumentos para seguir defendiendo la política económica que se vienen aplicando con el único objetivo de aumentar su poder y la retribución del gran capital.
Rajoy anunció rápidamente que pondría en marcha un programa de estímulo, en una línea completamente contraria a la que ha venido defendiendo, para dar a entender que responde al descontento y a las demandas sociales que las elecciones han puesto de relieve.
Los medios y la clase política se han lanzado al cuello de los dirigentes de Podemos lanzando acusaciones tan exageradas que son ridículas y mostrando un servilismo y un miedo tan patentes que al final están terminando por ayudar a que esta novedosas fuerza política se consolide como detonante del movimiento social arrollador en que puede convertirse si se hacen bien las cosas.
Y, por si todo esto fuese poco, el rey anuncia de un modo claramente improvisado la abdicación que había negado que pudiera producirse, cuando su hijo y sucesor se encuentra a miles de kilómetros y a la reina, qué casualidad, apenas si le había dado tiempo de abrir las maletas que llevara a la reunión del grupo Bilderberg, en donde se mueven los hilos del poder mundial.
Los de arriba se han asustado y han movido fichas a toda prisa. Tratan de evitar que los escándalos de la Casa Real sigan salpicando todo el sistema y quieren dar un acelerón institucional unido a la coronación del sucesor de don Juan Carlos para poner freno a la descomposición y a la deslegitimación galopante que la acción del PP, del PSOE, de la derecha nacionalistas y de sus representantes en las instituciones del Estado y en el poder económico está generando a base de robos, de corrupción generalizada, de injusticias flagrantes y de incompetencia manifiesta.
Se trata de una operación tras la que se encuentran todos los resortes del poder político, económico, financiero y mediático pero que va a fracasar estrepitosamente. Es imposible que sea de otra forma porque sin darle protagonismo al pueblo y sin dejar que éste se pronuncie sobre cómo resolver "las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando" (en palabras del rey) no se podrá disimular lo que encubre realmente lo que han puesto en marcha: un intento desesperado de salvaguardar los intereses de los mismos que han provocado los problemas que ahora dicen que van a resolver a toda prisa.
Los dos grandes partidos que van a impulsar este acelerón institucional (la coronación del nuevo rey y la posterior reforma constitucional que pretenden llevar a cabo) no obtuvieron conjuntamente más que el 21,6% de los votos de toda la población española con derecho a voto el pasado 25M (y eso sin contar que una parte importante de los votantes del PSOE muy posiblemente no comparte los planes de sus dirigentes). ¿Quién puede creer que con ese grado de apoyo social puede tener éxito una operación de recambio tan profunda como la que planean?
Se puede argumentar que en términos de representación parlamentaria cuentan, como airean todos los medios, con más del 90% de los diputados, pero lo que eso precisamente indica es que este parlamento ya no representa realmente a la sociedad española que en su día lo eligió.
Llevan razón Rajoy y otros dirigentes del PP cuando dicen que lo que debemos hacer quienes defendemos un referéndum para dilucidar quién debe ser el próximo Jefe del Estado es plantear una reforma de la Constitución. Efectivamente, ese es el verdadero desafío cuando quienes dicen defenderla no la cumplen.
Por eso lo que hay que hacer es denunciar todo lo que está pasando y sumar apoyos para regenerar España y salvarla de una minoría que la ha hundido en la miseria a base de corrupción y de engaños. Hay que reclamar que se celebren nuevas elecciones generales y que se abra cuanto antes un proceso de consulta al pueblo español. Lo contrario sería otro insulto y otra agresión inaudita a la soberanía nacional que realmente está en el pueblo y no en unos representantes sobre los que ha recaído, con todo fundamento, la sospecha de que han dejado de serlo.
Y esa es, no se olvide, una tarea imposible de llevar a cabo si no es con una mayoría social amplísima. No se trata de reagrupar solo a los republicanos, o solo a las gentes de izquierdas o de cualquier otra corriente. Hay que forjar un nuevo proyecto de Estado y eso requiere la colaboración y la complicidad de todos, justo al revés de cómo quieren hacer desde arriba.
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