El derecho internacional prohíbe este armamento y una mayoría de países a nivel mundial han reconocido los graves daños que provoca.
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Instituciones financieras de todo el mundo han invertido 21.643 millones de euros (27.000 millones de dólares) en empresas que fabrican bombas de racimo entre los años 2011 y 2014, según recoge un informe de la organización holandesa PAX, integrante de la Coalición contra las Municiones de Racimo (CMC).

El informe Inversiones mundiales en municiones de racimo: una responsabilidad compartida estudia el dinero invertido de 151 bancos, fondos de jubilación y otras instituciones financieras han dedicado a este tipo de armamento de alto riesgo para la población civil.

Según los datos del informe, las instituciones que invierten en esta industria estarían organismos de Estados Unidos, China y Corea del Sur

Prohibido por el derecho internacional

La coautora del informe de la CMC, Suzanne Oostewijk, afirma que:
"el derecho internacional prohíbe las municiones de racimo y una mayoría de países a nivel mundial han reconocido que esa arma, es inadmisible". "Pese a ello", añade, "los productores de municiones de racimo todavía consiguen financiar su actividad. Las instituciones financieras deberían establecer rigurosas políticas para asegurarse de que no están financiando a empresas implicadas en la producción de estas armas prohibidas".
Otra organización internacional que lucha por los derechos humanos, Human Rights Watch, ha señalado en un informe la utilización de este tipo de armas en áreas pobladas de la ciudad de Donetsk a principios de octubre, acción que aseguran que viola las leyes de la guerra debido a los daños causados con su uso. En la investigación de este asunto, realizada durante una semana en el este de Ucrania, la organización documentó un "amplio uso" de bombas de racimo en las luchas entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes prorrusos.

Graves consecuencias para la población

Otro ejemplo del grave daño que provoca este tipo de armas es que en Siria el 97% de los fallecidos registrados como consecuencia del uso de municiones de racimo en los últimos dos años y medio han sido civiles, según la organización PAX.

La Coalición contra las Municiones de Racimo alerta de que los productores de este armamento han recibido financiación en los últimos tres años de instituciones situadas en países que aún no se han incorporado a la Convención sobre Municiones de Racimo. Aunque algunas de ellas ya estaban incluidas en el tratado.

Amy Little, responsable de las campañas de la CMC, afirma que:
"el Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, España y otros países que se han sumado a la prohibición global de municiones en racimo deben adoptar leyes sin demora para asegurarse de no estar financiando la producción en el extranjero de armas que estos países ya han prohibido".