El Partido Laborista de Reino Unido insta al gobierno de David Cameron a suspender la cooperación en materia judicial que mantiene con Arabia Saudí desde 2014.
Corbyn
© AFP 2015/ Justin Tallis
La formación que lidera Jeremy Corbyn advierte de que dicho acuerdo entre Londres y Riad es insostenible desde la ejecución del clérigo chií Nimr al Nimr y otras 46 personas, confirmadas por el régimen saudí el pasado 2 de enero.


Comentario: 46 personas consideradas por Arabia como "terroristas", nada más irónico de un país que rompe récords de decapitaciones, sufre de corrupción generalizada y sirve de puesto de avanzada para los objetivos injerencistas de EEUU en Medio Oriente. Y aún más irónico, un país donde se crean y patrocinan verdaderos terroristas.


El responsable laborista en Derechos Humanos, Andy Slaughter, comunicó la demanda en un escrito remitido al Titular de Justicia, Michael Gove, que hace referencia al Memorando de Entendimiento en Cooperación Judicial entre ambos países.

Salughter argumenta en la carta que "sería inapropiado" continuar cooperando con el sistema judicial saudí en "vistas a los recientes eventos, en particular la ejecución de 47 nacionales saudíes y extranjeros por decapitación en varias prisiones de Arabia Saudita".

El Gobierno, que aún no ha contestado formalmente a la demanda del equipo de Corbyn, ha sido además criticado por su tímida protesta contra las degollaciones.

El ministro de Exteriores, Philip Hammond, mantiene un hermético silencio respecto a la acción emprendida por el principal aliado de Londres en el Golfo.

La nota oficial llegó a través del secretario de Estado para Oriente Medio, Tobias Ellwood, quien se limitó a "expresar nuestra decepción con las ejecuciones en masa".

"Reino Unido está categóricamente opuesto a la pena capital y lo hemos subrayado a las autoridades saudíes", señala Ellwood en su comunicado.

El alto responsable del Foreign Office también transmitió su "profunda inquietud por la escalada de las tensiones" en Oriente Medio.

La intervención de Corbyn forzó al Gobierno de Cameron a cancelar el pasado octubre un contrato sobre gestión de prisiones en el reino saudí.

Slaugher pide ahora garantías de que la colaboración entre ambos ministerios de Justicia quedará firmemente cancelada a raíz de la ejecución de las polémicas sentencias.