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El representante legal de familiares de las 153 víctimas del tsunami ocurrido el 27 de febrero de 2010 en el sur de Chile insistió el día 23 en la responsabilidad penal de la Armada de Chile, por descartar que ocurriría el maremoto poco después del sismo.

"Está acreditado que una de estas autoridades requirió a otra, por lo menos hay un requerimiento de auxilio. En función de ese requerimiento, las autoridades civiles habrían actuado y habrían descartado la alerta de tsunami", indicó el abogado Raúl Mez a periodistas.

El terremoto, de inusuales 8,8 grados en la escala de Richter, sacudió la zona centro y sur del país, tras lo cual ocurrió un tsunami que inundó las zonas ribereñas y próximas al epicentro.

Mez señaló la responsabilidad de la Armada chilena, luego de que un alto jefe de la policía de Carabineros de la Región del Bío Bío (sur), epicentro del sismo de 8,8 grados Richter, acusó al jefe de aquella zona naval, almirante Roberto Macchiavello, de descartar mediante un llamado telefónico la ocurrencia del fenómeno oceánico.

Dicha situación propició que las autoridades de ese entonces difundieran erróneamente la información, lo que provocó confusión en los habitantes de la zona.

Además, las autoridades de ese año, encabezadas por la entonces presidenta Michelle Bachelet, descartaron la posibilidad de un maremoto, según informes del propio Servicio Oceanográfico Hidrográfico de la Armada de Chile (Shoa).

"Desde el punto de vista penal, se estaría configurando este tipo de denegación de auxilio en relación tanto a las autoridades del Shoa como eventualmente el sujeto pasivo de esta acción penal, que sería la autoridad civil", dijo Meza, quien reiteró la presunta responsabilidad de las autoridades civiles de la época.

Las fallas en los sistemas de emergencia durante la tragedia orillaron a las actuales autoridades a hacer una completa reestructuración de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi). Dicha entidad se transformará próximamente en una Agencia de Protección Civil, según el anuncio realizado en la víspera por el presidente Sebastián Piñera.

Según cifras oficiales, el terremoto y posterior tsunami, dejaron un saldo de 523 muertos, más de 800.000 personas damnificadas, 24 personas desaparecidas debido al tsunami y unos 30.000 millones de dólares en pérdidas materiales.