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Las primeras reacciones exigiendo responsabilidades por este escándalo no han tardado en llegar. La primera institución que ha tomado cartas en el asunto ha sido el Síndic de Greuges, que ha abierto una actuación de oficio para esclarecer qué engranajes de la administración y de la sociedad dejaron de funcionar para que 29 menores en situación de vulnerabilidad - 26 de ellos residentes en Catalunya- cayeran en las redes de la trama criminal, al igual que 51 niños más que también fueron víctimas de la organización pedófila.
El Síndic Rafael Ribó ha pedido a la conselleria de Interior y a la Direcció General d'Atenció a la Inància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat que le detallen las circunstancias que han llevado a estos menores a sufrir malos tratos sexuales. En este sentido recuerda que la responsabilidad de la DGAIA es proteger a los niños y adolescentes que están bajo su tutela y garantizarles el bienestar necesario para hacer posible su máximo desarrollo personal.
La Generalitat ha comunicado que su intención es personarse como acusación particular en la causa contra los siete detenidos de la trama
Además de esta institución, que vela por proteger a las personas ante la inacción o las malas prácticas de las administraciones, Ciutadans (C's), Catalunya Sí que es pot (CSQEP) y el Partit Popular de Catalunya (PPC) han solicitado la comparecencia de la consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa. En concreto, los grupos de la oposición le han pedido que dé explicaciones sobre la actuación de la DGAIA y cualquier entidad supervisada por la Generalitat que pueda tener algún tipo de responsabilidad en un caso de presuntos delitos penales contra la dignidad y la integridad de menores de edad en Catalunya.
Distribución a nivel mundial
La red captaba a menores desamparados en las calles de ciudades españolas y Marruecos, de entre 12 y 17 años, para grabar, editar y vender vídeos de pornografía infantil a través de internet y correo postal a 300 clientes de distintos lugares del mundo. La organización consiguió recaudar de este modo más de 80.000 euros.
Los abusadores sometían a los menores a prácticas sexuales, con adultos, con otros menores e, incluso, con animales, a cambio de dinero, alcohol y drogas, a veces sin su consentimiento. En algunas ocasiones las víctimas no eran conscientes de que estaban siendo filmadas por cámaras ocultas.
Los integrantes de la organización, que ya están en la cárcel, actuaron de manera impune durante 15 años - en un intervalo de tiempo comprendido entre los años 2000 y 2015- hasta que la DGAIA, dependiente de la Generalitat, alertó a los Mossos al detectar una situación de riesgo en un centro residencial de acción educativa de Tortosa.
Por su parte, la Generalitat ha comunicado que su intención es personarse como acusación particular en la causa contra los siete detenidos de la trama. Mientras que la investigación del caso continúa y la policía se plantea actuar contra los centenares de clientes que compraron, descargaron y visionaron el material delictivo que les proporcionó la organización criminal.
Comentario: Es vergonzoso que unos niños tutelados por el Estado hayan caído en esta red de pederastia internacional y nadie se haga responsable. El problema no está sólo en Cataluña, también lo encontramos en la Junta de Andalucía, Madrid o los niños tutelados por la Generalitat Valenciana: castigos físicos, malos tratos, extrañas muertes, suicidios... un auténtico horror. Y es sólo la punta del Iceberg.
¿Quieren saber lo que está ocurriendo con nuestros hijos en España? Exijan a sus políticos y a sus medios de comunicación que se lo cuenten.
Es importante rescatar aquí la denuncia de El Triangle sobre "una trama internacional de pederastas que operó, durante años, en la provincia de Castellón y que, a pesar de las numerosas denuncias y testigos de cargo, la justicia nunca quiso desmantelar." Otros medios como La república también informaron en su momento. El resto guardaron silencio.
En sentido inverso, cada vez son más los ciudadanos españoles que exigen respuestas sobre esta supuesta red internacional de pederastas que operaba en Castellón. Lo que no se puede negar es que el caso "Bar España", independientemente de si los testimonios son reales y las acusaciones son todas ciertas, existe porque existen denuncias, existen asociaciones ciudadanas apoyando a los denunciantes; y existe toda una serie de procedimientos judiciales alrededor del "Bar España" de la que ningún medio se está haciendo eco.
Y cuando el pueblo indignado grita a Carlos Fabra "asesino", "pedófilo" y "violador de niños", es por el caso Bar España, aunque el medio que publicó esta noticia decidiera obviarlo y centrarse en que Carlos Fabra se querelló contra un ciudadano por injurias y sus testigos no se presentaron.
Los partidos políticos españoles y los medios de comunicación no pueden seguir como si nada estuviera sucediendo, mientras día tras día nos encontramos con más casos de pederastia contra nuestros hijos. Y aquí, en suelo español.
Carlos Fabra