(España) - Qué falló para que una organización criminal consiguiera captar y abusar sexualmente de menores tutelados por la Generalitat para vender las imágenes por todo el mundo.
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Esta es la pregunta que deberán responder los responsables de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Família tras destaparse que una red recientemente desmantelada por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil explotó durante años niños procedentes de entornos marginales que vivían bajo el paraguas de la Administración catalana, hijos de inmigrantes y familias que viven en la calle.

Las primeras reacciones exigiendo responsabilidades por este escándalo no han tardado en llegar. La primera institución que ha tomado cartas en el asunto ha sido el Síndic de Greuges, que ha abierto una actuación de oficio para esclarecer qué engranajes de la administración y de la sociedad dejaron de funcionar para que 29 menores en situación de vulnerabilidad - 26 de ellos residentes en Catalunya- cayeran en las redes de la trama criminal, al igual que 51 niños más que también fueron víctimas de la organización pedófila.

El Síndic Rafael Ribó ha pedido a la conselleria de Interior y a la Direcció General d'Atenció a la Inància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat que le detallen las circunstancias que han llevado a estos menores a sufrir malos tratos sexuales. En este sentido recuerda que la responsabilidad de la DGAIA es proteger a los niños y adolescentes que están bajo su tutela y garantizarles el bienestar necesario para hacer posible su máximo desarrollo personal.

La Generalitat ha comunicado que su intención es personarse como acusación particular en la causa contra los siete detenidos de la trama

Además de esta institución, que vela por proteger a las personas ante la inacción o las malas prácticas de las administraciones, Ciutadans (C's), Catalunya Sí que es pot (CSQEP) y el Partit Popular de Catalunya (PPC) han solicitado la comparecencia de la consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa. En concreto, los grupos de la oposición le han pedido que dé explicaciones sobre la actuación de la DGAIA y cualquier entidad supervisada por la Generalitat que pueda tener algún tipo de responsabilidad en un caso de presuntos delitos penales contra la dignidad y la integridad de menores de edad en Catalunya.

Distribución a nivel mundial

La red captaba a menores desamparados en las calles de ciudades españolas y Marruecos, de entre 12 y 17 años, para grabar, editar y vender vídeos de pornografía infantil a través de internet y correo postal a 300 clientes de distintos lugares del mundo. La organización consiguió recaudar de este modo más de 80.000 euros.

Los abusadores sometían a los menores a prácticas sexuales, con adultos, con otros menores e, incluso, con animales, a cambio de dinero, alcohol y drogas, a veces sin su consentimiento. En algunas ocasiones las víctimas no eran conscientes de que estaban siendo filmadas por cámaras ocultas.

Los integrantes de la organización, que ya están en la cárcel, actuaron de manera impune durante 15 años - en un intervalo de tiempo comprendido entre los años 2000 y 2015- hasta que la DGAIA, dependiente de la Generalitat, alertó a los Mossos al detectar una situación de riesgo en un centro residencial de acción educativa de Tortosa.

Por su parte, la Generalitat ha comunicado que su intención es personarse como acusación particular en la causa contra los siete detenidos de la trama. Mientras que la investigación del caso continúa y la policía se plantea actuar contra los centenares de clientes que compraron, descargaron y visionaron el material delictivo que les proporcionó la organización criminal.