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Aunque las cortes suspendieron la entrada en vigor de las cláusulas más polémicas de la iniciativa, entre ellas la facultad de detener a una persona sospechosa de ser indocumentada, su implementación en julio pasado ha tenido un impacto tremendo, no solo en la economía del estado, sino también en la vida cotidiana de las familias inmigrantes, quienes han tenido que cambiar su rutina diaria y hábitos para evitar ser deportados.
"Esto se convierte en un tremendo desgaste mental", sostuvo la socióloga Cecilia Menjivar.
Se calcula que unas 100 mil personas han salido de Arizona producto del miedo. El Centro de Inmigración de Phoenix estima que en 2008 había unos 560,000 indocumentados en el estado de Arizona, frente a los 460,000 que habría actualmente.
¿Qué opina Barack Obama de todo esto?
El presidente piensa que el contenido racista de la SB1070 no es el problema de fondo, sino el de la "inconstitucionalidad
Obama sostiene que Arizona violó la ley de supremacía de la Constitución al buscar aplicar la política migratoria de Estados Unidos, cuando se trata de una prerrogativa federal y no estatal.
En consecuencia, es un "Estado delincuencial", obstaculiza la actividad de varias instituciones federales, especialmente la Secretaria de Justicia, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad.
Las autoridades de Arizona niegan la usurpación de funciones. "Mientras el control de la frontera es una responsabilidad federal, los inmigrantes ilegales que cruzan con éxito y cometen crímenes en el estado, se convierten en nuestra responsabilidad", aseguró el procurador general del estado, Tom Horne.
Por su parte, la gobernadora de Arizona presentó en febrero una demanda contra el gobierno federal.
Como se puede ver, el contenido racista de la SB1070 no es el problema de fondo. Lo que se discute es realmente quién adquiere las competencias sobre el diseño, aprobación y aplicación de la ley.
Es decir, a la Casa Blanca le preocupa más el riesgo que este desfase administrativo supone entre las políticas estatales y las federales, así como la extensión que esto tenga hacia otros estados, generando graves consecuencias sociopolíticas en la estructura del Estado federal.
Desde esta perspectiva, se presenta una crisis estructural del Estado inédita en el país, señalan los analistas.
Situación mucho más preocupante para el gobierno que los derechos humanos de los inmigrantes.
Seis de las ochos demandas civiles interpuestas en contra de la ley han sido desestimadas; también la querella interpuesta por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) que cuestionaba la legalidad de su implementación por las agencias del orden, por considerar que promovía el perfil racial.
Lo otro es que los abogados del Departamento de Justicia que iniciaron una investigación sobre el sheriff antinmigrante Joe Arpaio hace dos años, no tengan resultados.
Mientras tanto, Arizona continúa endureciendo su postura, incluyendo intentos de desafiar la Constitución para negar la ciudadanía a hijos de indocumentados.
En síntesis. "Lo que está en juego es la arquitectura institucional del país, nada más", afirman los analistas.
¡Pero se le escapa de las manos al gobierno!. La aprobación de la SB1070 en Arizona generó un efecto dominó en todo el país que en la actualidad más de 20 estados han replicado el procedimiento
Mientras que legisladores mayoritariamente republicanos en otros 10 estados -Utah, Oklahoma, Colorado, Ohio, Missouri, Georgia, South Carolina, Mississippi, Texas y Maryland- han marcado un camino común para crear leyes similares a la ley SB1070.
Estas múltiples iniciativas de ley en contra de los indocumentados en el país responden no sólo a políticas electorales, también financieras. En parte, porque esta ley es susceptible de enviar cientos de miles de inmigrantes indocumentados a la cárcel en forma nunca hecha, y puede significar centenares de millones de ganancias para las firmas privadas carcelarias responsables de hospedarlos, así como para sus "alianzas estratégicas", autoridades municipales, estatales y federales.
No en balde la industria privada carcelaria, entre ellas la Corporación de Correccionales de Estados Unidos (CCA), la mayor empresa de prisiones privadas del país, ayudaron a redactar y aprobar la controvertida ley antinmigrante de Arizona.
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