Lula Da Silva en el centro de la imagen.
El Lava Jato se hizo conocido en 2014 por una investigación contra la corrupción en Petrobras. Se llamó así por investigar un esquema de blanqueamiento de dinero a través de una red de estaciones de servicios y lavaderos de autos.
La investigación fue llevada por el juez Sergio Moro, la Policía Federal de Brasil y los fiscales de la Procuraduría de la República. Empezó por Petrobras y siguió por Odebrecht, Embraer, JBS, OAS y Camargo Correa, todas acusadas de pagar a políticos a cambio de favores.
El Lava Jato utilizó la prisión preventiva, junto a las filtraciones en los medios, como forma de ejercer presión contra los acusados. Bajo el fin de que se acogieran a la figura del arrepentido (conocida como delación premiada) para confesar sus "crímenes".
En 2016, a estos instrumentos jurídicos de coerción se le sumó la posibilidad de ir a prisión por condenas en segunda instancia. Esta decisión del Supremo Tribunal Federal fue exigida por los medios para fortalecer la operación (hoy es la que se le aplica a Lula).
Sin embargo, en 2017, el ex abogado de Odebrecht, Tacla Duran, denunció que los fiscales del Lava Jato le ofrecieron "entregar políticos a cambio de impunidad". Según su testimonio, con esta operación hay "una industria de delaciones a la carta".
Incluso, la abogado Ives Gandra Martins de la Universidad de San Pablo afirma que los métodos de Moro son: "El empleo de la tortura mental para presionar a los sospechosos para que lleguen a un acuerdo, contraviniendo la constitución que garantiza una defensa completa".
Justamente a través del método de Moro es que consiguió una de las pocas pruebas que tiene contra Lula: la confesión del ex presidente de OAS, Léo Pinheiro, sobre un supuesto departamento dado en calidad de soborno al ex presidente.
Paradójicamente, el mismo Tribunal Federal de Porto Alegre (TF4) que ratificó la condena a Lula fue el que en 2016 señaló que "la operación Lava Jato no debía seguir las leyes del país por ser excepcional". Como forma de justificar la detención ilegal de Lula en 2016.
Bajo este carácter excepcional, el juez Moro, la Policía Federal, la Procuradoría General de la República y el TF4 de apelaciones se constituyeron en árbitros de la política interna. Posibilitaron la salida del PT del poder y el ingreso del gobierno de Temer.
Los resultados del Lava Jato están a la vista: más de 700 políticos condenados y otros tantos ex ejecutivos encarcelados. En la práctica: desarticuló la coalición de poder que proyectaba un Brasil potencia, apoyado en la globalización de sus trasnacionales.
En su lugar, ascendió un gobierno de Temer apoyado en los intereses de la agroindustria, la soja, la minería, los medios, el capital financiero internacional y el ala más extrema de los militares. Sus primeras medidas fueron de ajuste y privatización de la Cumbre Pre Sal.
Pese a eso, el gobierno de Temer hoy por hoy se encuentra amenazado por la operación Lava Jato. Incluso en 2017, por pedido de la Procuraduría fue grabado sugiriendo sobornar al ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
Por lo que el Lava Jato es una forma de tutelar a toda la clase política de Brasil. Moro y compañía conforman un supra poder con relaciones en el exterior que los fortalecen como actores de peso en el país.
En 2017, Kenneth Blanco, ex vice fiscal del Departamento de Justicia, lo dejó claro cuando afirmó que EEUU tuvo una "estrecha relación" con Brasil en la investigación del Lava Jato. Según su opinión, el mejor ejemplo de ello "es la reciente condena al ex presidente Lula".
Por estas razones en Misión Verdad hemos dicho que el Lava Jato es una de las operaciones más limpias de los últimos tiempos. Tanto así que la doctrina de Seguridad Nacional de la administración Trump ubica a la lucha contra la corrupción como uno de sus principales objetivos en la región.
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