El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que enviará un proyecto de ley al Congreso para aumentar el castigo contra aquellos que agredan a un policía o un gendarme en el contexto de una manifestación.
Sebastian Piñera
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"Enviaremos un proyecto de ley que establece como agravante de los delitos de lesiones y homicidios cometidos contra carabineros [Policía militarizada], policías de investigaciones [Policía civil] o gendarmes", informó Piñera en una conferencia de prensa.

La iniciativa buscará castigar más severamente al imputado si este actúa encapuchado o si lo hace al alero de un grupo organizado.

Además de aumentar las penas, el proyecto establece que el tribunal de justicia no podrá decretar algunos beneficios carcelarios para los condenados, en los casos en que estos hayan cometido delitos de homicidio, castración, mutilación o lesiones graves contra un carabinero, policía o gendarme.
"Aquellos que han sido condenados por estos delitos antes mencionados solo podrán postular al beneficio de la libertad condicional una vez que hayan cumplido dos tercios de la pena", añadió Piñera.
Por último, el mandatario chileno dijo que lo que buscan "con esto es recuperar el debido respeto que requieren nuestros policías, carabineros y gendarmes, pero también es darles la protección que no solamente merecen, sino que también necesitan para cumplir su importante labor".


Comentario: Creemos que es importante otorgarle protección a las fuerzas policiales de cualquier nación, sin embargo es interesante que se anuncie esta ley justo en este momento. Ya sea que sienta que está perdiendo el apoyo de las fuerzas policiales frente a las protestas o que esté tan desconectado de la realidad que en vez de enmendar su constitución intenta reforzar sus defensas, la reacción de la población va a ser interesante.


Chile es escenario de tensión política y social desde las movilizaciones que comenzaron el 14 de octubre contra un alza de 30 pesos (menos de un dólar) en el precio del pasaje del Metro de Santiago, que días más tarde fue anulada por el presidente Piñera.

Las protestas no amainaron, abarcaron otros reclamos sociales y tomaron un cariz mucho más intenso, que incluyó incendios, destrucción de varias estaciones de metro y decenas de manifestaciones en diversos lugares de Chile con marchas y cacerolazos.

Organismos internacionales como Human Right Watch, Amnistía Internacional y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, han denunciado violaciones a los derechos humanos a raíz del accionar de la Policía y militares, acusando torturas, abusos de poder, golpes y detenciones arbitrarias.