Traducido por el equipo de SOTT.net en español

Alena Douhan es la relatora especial de Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. Douhan visitó Venezuela el 1 de febrero "para evaluar el impacto de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de las personas que viven en Venezuela y de cualquier otra persona afectada".
Douhan
© Jordan Flores
La relatora especial de la ONU Alena Douhan
El 12 de febrero, Douhan publicó sus conclusiones preliminares basadas en "extensas consultas con una amplia gama de interlocutores". La experta independiente de la ONU reconoció el impacto negativo de las sanciones coercitivas sobre los derechos humanos e instó a los bancos europeos a "descongelar los activos del Banco Central de Venezuela". También señaló cómo la presión para el cambio de régimen "viola el principio de igualdad soberana de los Estados".

Sanciones

Desde que el gobierno de Barack Obama declarase a Venezuela "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional" en marzo de 2015, el país sudamericano ha sido objeto de uno de los regímenes de sanciones más duros del mundo. Estas sanciones han atacado la industria petrolera de Venezuela, cortando la principal fuente de ingresos del país.

Un informe realizado por el Centro Para la Investigación Económica y Política (CEPR por sus siglas en inglés) estimó que las sanciones de EEUU habían matado a 40.000 venezolanos entre 2017 y 2018.

Desde 2017, la Unión Europea también ha impuesto sanciones a Venezuela, y los bancos europeos han congelado activos venezolanos por valor de miles de millones de dólares. En particular, tras la presión de EEUU, el Reino Unido congeló alrededor de 2.000 millones de dólares en oro que tenía en el Banco de Inglaterra.

Descongelar activos

El gobierno de Nicolás Maduro ha instado repetidamente a los gobiernos a descongelar los activos venezolanos para responder a la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Documentos legales fechados el 29 de diciembre de 2020 muestran que el equipo legal británico del opositor venezolano Juan Guaidó rechazó una propuesta de utilizar el oro almacenado en el Banco de Inglaterra con el fin de suministrar vacunas contra el coronavirus a Venezuela. Los abogados de Guaidó alegaron que las sanciones no son "un impedimento para que el régimen de Maduro cumpla con sus obligaciones de pago" para aliviar la situación del coronavirus.

Sin embargo, Douhan ha instado ahora:
"a los Gobiernos del Reino Unido, Portugal y EEUU y a los bancos correspondientes a que descongelen los activos del Banco Central de Venezuela para adquirir medicinas, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela y el restablecimiento de los servicios públicos a través y bajo el control del PNUD y otras agencias de la ONU".

"Los activos venezolanos congelados en bancos estadounidenses, británicos y portugueses ascienden a 6.000 millones de dólares". Aproximadamente un tercio de esta cifra, 2.000 millones de dólares, está congelada en el Banco de Inglaterra. Para añadir perspectiva, el CEPR encontró que el valor de "las importaciones de alimentos y medicinas [a Venezuela] para 2018 fue de sólo 2.600 millones de dólares".

"Las reiteradas negativas de los bancos de EEUU, Reino Unido y Portugal a liberar activos venezolanos incluso para la compra de medicamentos, vacunas y kits de protección, bajo el control de las organizaciones internacionales, viola el principio anterior e impide la capacidad de Venezuela para responder a la emergencia del COVID-19."
Por ello, Douhan pide al Reino Unido que devuelva a Venezuela el oro que tiene en el Banco de Inglaterra, para que pueda responder mejor a la crisis económica y sanitaria que enfrenta el país.

La violación de la soberanía


Douhan también señaló cómo las sanciones coercitivas unilaterales violan la soberanía de Venezuela y no están fundamentadas en el derecho internacional. En este sentido:
"la congelación de los activos del Banco Central de Venezuela por no reconocer a su gobierno, así como la adopción de las sanciones pertinentes, viola los derechos soberanos del país e impide que su gobierno efectivo ejerza su deber de garantizar las necesidades de la población".
El fin último de las sanciones, reconoció Douhan, es destituir al gobierno de Nicolás Maduro:
"El propósito anunciado de la campaña de "máxima presión" -para cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta a sus relaciones regionales."
En este contexto, la capacidad de Venezuela para prestar servicios públicos bajo el actual régimen de sanciones se ha visto totalmente debilitada: "los ingresos del gobierno se redujeron en un 99% y el país vive actualmente con el 1% de sus ingresos anteriores a las sanciones".

Por ejemplo, el desvío de activos de CITGO, la filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA, "ha impedido los trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos".

"Entre otros factores que afectan a la economía de Venezuela", añadió Douhan, están "la mala gestión, la corrupción y los controles de precios del Estado".

Respuesta del Reino Unido

El informe de Douhan sigue a otro estudio publicado en febrero por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EEUU que reconocía, según Venezuela Analysis, que "las sanciones han llevado a la economía venezolana a la crisis". La funcionaria presentará su informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2021.

En los últimos años, el gobierno del Reino Unido ha ignorado o directamente impugnado las recomendaciones de la ONU.