Traducido por el equipo de SOTT.net en español

Lo sorprendente en la gestión de la crisis sanitaria es la elección de recurrir, con un mínimo de garantías, a empresas condenadas en repetidas ocasiones para que aporten soluciones médicas o logísticas. Multas récord para Pfizer o Johnson & Johnson, ídem para McKinsey en los casos de escándalos sanitarios a gran escala, nada parece afectar la confianza que los dirigentes depositan en ellas, totalmente sometidos como lo están a los consejos y condiciones de los maestros lobistas.

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© Marco Verch / flickr
Vacuna Pfizer COVID-19.
Empecemos por Pfizer

La empresa estadounidense es la creadora de la vacuna del ARN mensajero, una hazaña tecnológica aclamada por todos, y que gracias a un único producto les permitirían meterse en los bolsillos 15.000 millones de dólares este año.

Pfizer también espera generar un margen del 25% al 30% impuestos no incluídos con este producto, según un comunicado emitido el 2 de febrero.

En Bruselas, la empresa emplea de dos a cinco personas a las que se les permiten entrar y salir en el seno de las instituciones generando un gasto de 900.000 euros en actividades de lobby, mientras que en Washington, los gastos de lobby de dicha empresa asciendieron a 11 millones de dólares en el 2020.
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Gastos anuales en lobby de Pfizer en los Estados Unidos (fuente: Opensecret)
"Nuestra capacidad para actuar con rapidez y utilizar la ciencia más avanzada para ayudar a afrontar los retos médicos más importantes ha sido puesta a prueba por la pandemia de Covid-19", declaró Albert Bourla, quién mira el futuro con "una confianza renovada".

¿Una confianza renovada? ¿En serio?

¿Están ustedes al tanto del caso del virus sintético de Pfizer?

En abril 2010, un tribunal de distrito de EE.UU. en Hartford concedió 1,37 millones de dólares por daños y perjuicios a una antigua científica de Pfizer, Becky McClain, bióloga molecular, quien alegó haber sido infectada con un virus modificado genéticamente en un laboratorio de Pfizer y haber sido despedida por plantear problemas de seguridad.

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McClain, bióloga molecular del laboratorio de Pfizer en Groton (Connecticut), se había quejado de problemas de seguridad, incluso en su oficina que se encontraba próxima al lugar donde se realizaban las pruebas biológicas. Ahora padece una deficiencia de potasio que provoca una parálisis esporádica y temporal, la cual atribuye a un virus modificado genéticamente utilizado por unos de sus colegas.

El jurado consideró que Pfizer había violado las leyes protegiendo la libertad de expresión, y a los denunciantes por lanzar alertas contra McClain que había trabajado en la empresa desde 1996 a 2005.

El caso muestra los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores de los laboratorios biológicos y la falta de normas de protección. Becky McClain afirmó haberse topado con muchas dificultades en sus intentos por averiguar el contenido genético del virus que sospechaba que le había infectado debido al secreto comercial que lo rodeaba:
"Cuando me enfrenté a Pfizer en una batalla legal como denunciante de la seguridad en los laboratorios de biotecnología, la enorme red de conexiones económicas y políticas de Pfizer fue su más poderoso defensor, tanto en contra mía, como en contra de la salud y la seguridad pública.

Por ejemplo, la División de la Salud Laboral en la Universidad de Yale, sin ninguna justificación que respalde sus afirmaciones, envió una carta a mi médico en la que afirmaba que el lentivirus al que estuve expuesto en Pfizer 'es incapaz de causar enfermedades'.

Al leer esto, me indigné. El lentivirus era realmente peligroso; las pruebas publicadas posteriormente sobre el lentivirus confirmaron su poder de infección en los humanos y que estaba diseñado para atacar los genes humanos. Más tarde me enteré de la entrega por parte de Pfizer a Yale de una importante suma de dinero. Pfizer se ha infiltrado en muchas agencias gubernamentales y otras estructuras de poder con el fin de detener todas las alertas de los denunciantes. La única esperanza que nos queda es conseguir que nuestro gobierno nos conceda el poder de defendernos. Esta batalla necesita más apoyo público y espero que mi historia inspire a la gente a unirse a nosotros en esta lucha".
La apelación de la sentencia fue confirmada en diciembre de 2012.

Según un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos en Nueva York, Becky McClain probó sus afirmaciones respecto de cómo Pfizer "había actuado de forma deliberada, maliciosa o con evidente indiferencia" ante sus alegaciones sobre la violación de sus derechos de libertad de expresión y de las represalias en su contra por plantear problemas de seguridad.

Otro gran escándalo fue el de la trovafloxacina, un medicamento utilizado para tratar la meningitis

Pfizer ha sido acusado de realizar un ensayo clínico con su antibiótico Trovan (trovafloxacina) en 1996 en varios cientos de niños y bebés durante una epidemia de meningitis y sarampión en el estado nigeriano de Kano (norte). La prueba de la trovafloxacina en 200 niños, un fármaco contra la meningitis, había causado la muerte de 11 niños y la discapacidad de otros muchos.

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Lo que Pfizer había afirmado por entonces es que el Trovan "había ayudado a salvar muchas vidas".

En julio del 2009, tras una batalla legal de dos años, Pfizer y el estado de Kano anunciaron un acuerdo reconciliador de 75 millones de dólares. Este acuerdo preveía una indemnización de 35 millones de dólares para las víctimas y la paralización de las denuncias judiciales contra el grupo estadounidense por parte del gobierno de Kano.

Pero las familias de las víctimas, a través del bufete de abogados Streamsowers & Kohn, rechazaron la oferta inicial de indemnización ya que las pruebas de ADN realizadas por Pfizer para determinar quién tenía derecho a la indemnización no se llevaron a cabo de forma independiente.

Finalmente, en 2011 la empresa negoció un acuerdo extrajudicial para poner fin a las demandas de familias nigerianas que la acusaban de probar su antibiótico en sus hijos sin autorización. El importe del acuerdo nunca fue revelado.

¿Todavía no están convencidos? ¿Una multa récord?

En 2009, Pfizer se vio en la obligación de pagar una multa histórica de 2.300 millones de dólares a las autoridades estadounidenses.

Pfizer fue demandado por prácticas comerciales abusivas relacionadas con un medicamento para la artritis retirado del mercado por razones de salud pública, el Bextra, y otros tres tratamientos: Zyvox (infecciones bacterianas), Geodon (trastornos bipolares y esquizofrenia) y Lyrica (trastornos nerviosos).

Según los abogados del gabinete Kenney Egan McCafferty & Young: "Pfizer se focalizó en pediatras y adolescentes para ampliar la comercialización de Geodon" cuando "la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) había validado el Geodon para una población de 18 a 65 años". "Pfizer también pagaba comisiones de forma habitual a estos médicos pediatras para que se ocuparan de presentaciones promocionales a sus pares sobre los beneficios del Geodon".

La sanción económica fue acompañada de una supervisión de cinco años de la empresa por parte de las autoridades estadounidenses. Los empleados responsables fueron sancionados o despedidos, pero Pfizer nunca precisó si estas medidas también habían afectado a los altos ejecutivos vinculados a los presuntos delitos.

Y hablando de la vacuna actual, ¡Pfizer tiene muy claro el récord de beneficios que le reportará!

Recuerden que Pfizer y otras empresas farmacéuticas se comprometieron hace unos meses, con la mano en el corazón, a vender sus pociones a precio de coste. Pero Pfizer estima que su vacuna contra el coronavirus que fue desarrollada con la empresa alemana BioNTech podría convertirse en uno de los mayores éxitos de taquilla de la historia de la industria farmacéutica y pretende trasladar los beneficios a sus accionistas.

Es "cada vez más probable" que la vacuna Covid-19 será una fuente regular de ingresos, igual que en el caso de la gripe, anunció el director general Albert Bourla en una conferencia a distancia a principios de este año, estimando que se necesitarán refuerzos regulares para mantener un nivel satisfactorio de inmunidad en la población general y para contrarrestar "la amenaza de nuevas variantes".

Se espera que las ventas totales en 2021 alcancen entre 59.4 y 61.4 mil millones de dólares, lo que supondría un aumento de entre el 42% y el 47%. Esta previsión de Pfizer se basa en la hipótesis de "una recuperación ininterrumpida de la actividad macroeconómica y sanitaria a lo largo del 2021 a medida que la población se vacuna contra el Covid-19".

Cuando el personal de cuidadores pudo sacar seis dosis en lugar de las cinco propuestas por vial, Pfizer revisó sus entregas de acuerdo con los contratos.

La Comisión Europea no ha encontrado nada de lo que quejarse ya que se encuentra igual que un rehén en manos de las capacidades y condiciones de producción de los laboratorios que dictan sus leyes bajo la apariencia de una emergencia sanitaria absoluta y sin parangón.

De hecho, los contratos de compra anticipada de vacunas negociados por la Comisión son especialmente ventajosos para las empresas farmacéuticas. La investigación y el desarrollo se financiaron en gran medida con fondos públicos y la Unión Europea, así como los Estados miembros, también corren el riesgo comercial y financiero en caso de defectos ocultos.

Un alto funcionario de la Comisión Europea así lo confirmó a Le Monde: "Las empresas tenían una demanda muy fuerte de no tomar ninguna responsabilidad. Querían el mismo tipo de cláusula que en los Estados Unidos." Y en los dos contratos que se han hecho parcialmente públicos se puede leer que los Estados miembros participantes se comprometen a "indemnizar y eximir de cualquier responsabilidad" al laboratorio en caso de denuncia por parte de terceros (cláusula conocida como "hold harmless clause", art. 14.1 para AstraZeneca y 1.23.3 para Curevac).
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La Comisión Europea también ha transferido todos los derechos de propiedad intelectual de la vacuna a las empresas farmacéuticas. Por lo tanto, el titular de la patente decide la cantidad a producir y su precio de venta, lo que dificulta las negociaciones a la vez que vuelve irrisorio cualquier medio de intervención por parte del poder público.

Sin importar el pasado, hoy los gobiernos han renovado su confianza en Pfizer y dependen únicamente de su capacidad para la producción de su poción mágica a 19 dólares la dosis. Sin embargo, casos anteriores han demostrado que una empresa como Pfizer no se detendrá ante nada para promover sus intereses comerciales y que está dispuesta a silenciar a los denunciantes de algunas de sus malas prácticas.

Astra Zeneca, Johnson & Johnson, McKinsey y otros muchos no se librarán de recordatorios útiles sobre su pasado judicial y de sus actividades de lobby.

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