Juristas consultados por ABC apuntan que el juez Pedraz se equivocó a la hora de solicitar datos a la aplicación y al ordenar la paralización de una herramienta que ni siquiera había sido acusada formalmente.
El juez Pedraz ordenó el bloqueo cautelar de Telegram el pasado viernes
© ABCEl juez Pedraz ordenó el bloqueo cautelar de Telegram el pasado viernes
El bloqueo de la aplicación de mensajería Telegram en España no se va a producir. Después de anunciar el pasado fin de semana el cierre de la aplicación, el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, ha tomado la decisión, en la tarde de este lunes, de suspender completamente la orden con la que intentaba dejar la plataforma inaccesible en territorio nacional.

Apenas unas horas antes, el magistrado había comenzado a dar marcha atrás solicitando a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional un informe sobre la herramienta y sobre los efectos que su desaparición podría tener en los usuarios afincados en el país. Algo que, de acuerdo con todos los expertos en derecho y tecnología consultados por este periódico, podría haber hecho antes de anunciar la suspensión del servicio. Una medida que, a juicio de estos, era completamente «desproporcional» y estaba «plagada de errores».

También llama la atención que el juez haya tomado la decisión por un tema de derechos de autor, cuando se sabe que la aplicación es empleada activamente por criminales para el envío de pornografía infantil y el tráfico de estupefacientes. Igual que otras redes sociales y aplicaciones de la misma clase, como es el caso de WhastApp.

«Parece que el juez está intentando salvar los muebles después de un calentón. Se debe haber dado cuenta de que la medida era desproporcionada y de que, en el fondo, no iba a servir para nada a nivel técnico», explica en conversación con ABC el abogado Borja Adsuara.

«No sé si se pensaba que Telegram era otra cosa. Una web pequeña o lo que fuera. No tenía razón de ser. Tampoco lo tenía que esta mañana recurriese a la Policía para pedir información sobre la aplicación, es lo que debió hacer desde el principio», señala, por su parte, David Maeztu, jurista experto en tecnología.

Islas Vírgenes en lugar de Bruselas: primer error

El bloqueo de la Telegram fue producto de la falta de respuesta de la aplicación a cada una de las solicitudes de datos sobre su empleo para compartir contenido protegido por derechos de autor. Todo producto de una demanda presentada por grupos de comunicación como Mediaset, Atresmedia o Movistar.

Pedraz, de acuerdo con el auto, llevaba desde el 28 de julio del año pasado solicitando información a la aplicación, y, para ello, se dirigió a las autoridades de Islas Vírgenes, donde esta tiene su sede. Según señala a este diario el jurista e ingeniero de telecomunicaciones Sergio Carrasco, el magistrado no siguió el cauce adecuado para pedir información a la plataforma: «Telegram tiene un responsable en la Unión Europea designado, debería haber acudido como mínimo a esta vía. La aplicación no ha sido notificada formalmente. Lo primero debería ser siempre hablar con Europa».

El abogado señala que, además, la propia aplicación señala en su página web el camino que deben seguir las autoridades europeas para entrar contacto, como manda la Ley de Servicios Digitales de la UE. Por lo tanto, el magistrado no siguió el procedimiento adecuado para solicitar datos. Seguramente, Telegram ni siquiera haya sido consciente en momento alguno de la petición de Pedraz.

«Se adopta la medida sin escucharles»

El abogado Pere Simón, socio del bufete Font Advocats y coordinador del máster en Derecho Digital de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), remarca a este diario que el juez Pedraz ordenó el bloqueo de Telegram «sin que siquiera la aplicación fuese parte en el caso o estuviese acusada de algo». «Se adopta la medida sin escucharles. El procedimiento era para encontrar a los usuarios que usan el canal para compartir contenido protegido por derechos de autor», apunta el jurista.

«La decisión de cerrar Telegram parece algo más de cara a la galería, porque no es nada sencillo hacer algo así. No tiene sentido ni a nivel jurídico ni técnico», prosigue Simón. El experto, además, hace hincapié en el hecho de que el problema nunca es la herramienta, porque la herramienta, y esto vale también para Telegram, se utiliza principalmente «para cosas buenas». Muchas empresas lo emplean por razones laborales; incluso hay ministerios que tienen su propio canal en la plataforma para mantener el contacto con medios de comunicación.

«Además, en casos de propiedad intelectual fíjate que nunca se ha ido contra servicios como eMule o páginas de descarga; porque se pueden usar para bajarse archivos que no tengan dueño. El problema, por tanto, nunca es la aplicación es el uso que le puede dar alguno. Lo que hay que hacer es perseguir a esta gente que está vulnerando», zanja el socio de Font Advocats. Y esto vale para el que sube el contenido, no para el consumidor del mismo.

«El juez no sabía lo que es Telegram»

Bloquear Telegram en España no es fácil. Durante la mañana del lunes, ABC ha estado en contacto con varias teleoperadoras del país y todas le han afirmado que, hasta el momento, no habían recibido ninguna notificación del juez para proceder con el cierre de acceso, el cual, en teoría, debería haberse producido en un plazo de tres horas a partir de la recepción de la comunicación. Una de ellas reconocía que no sabía cómo podría hacerlo o, incluso, si sería posible a nivel técnico.

«Yo creo que el juez no sabía ni lo que era Telegram, que alguien le ha dicho, simplemente, que esta es una aplicación con sede en Islas Vírgenes. Y posiblemente pensará que es una aplicación de envío de archivos o algo así. Pero no», apunta Carrasco.

«Fíjate que además ahora le pide información a la Policía sobre la aplicación, que es un canal de comunicación. Y eliminarlo es algo completamente desmesurado en relación de lo que se quiere proteger y ataca la libertad de expresión», prosigue el abogado.

No hubiese servido de nada

Aunque el bloqueo se hubiese llevado a cabo, difícilmente la Audiencia Nacional hubiese podido evitar que los usuarios que lo quisieran hubiesen podido continuar utilizando Telegram con total normalidad. La aplicación ya ha sido eliminada en varios países, como China o Rusia, y cuenta con herramientas que permiten, haciendo unos ajustes muy básicos, que los usuarios la mantengan operativa.

Y si no se quiere toquetear de más la aplicación, es suficiente con descargar una VPN. Las tiendas de aplicaciones de Android y iPhone están plagadas de aplicaciones de estas características que, simplemente, permiten ocultar el lugar de conexión del usuario para que este pueda navegar desde una red privada sin restricciones. Es suficiente escribir 'VPN' en el buscador de la tienda de turno para encontrar muchas 'apps' de esta clase muy bien valoradas por los usuarios.