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Tratan de eximir a esos victimarios con su letanía de siempre para tapar el terror de estado: dicen los medios masivos que 'son los actores ilegales del conflicto' los que cometen estos crímenes ( y ahí aprovechan para equiparar al paramilitarismo que es una herramienta del terror de las multinacionales y oligarquía, una herramienta mercenaria cuya finalidad es sembrar parálisis por el terror; con la insurgencia (FARC y ELN) que son ejércitos populares de liberación, que si bien no están excentos de cometer atropellos, para nada los tienen como eje de su política, al contrario.)
Lo más terrible es que cada vez que sale un informe de DDHH que es inequívoco sobre el uso del terror y la violación sexual desde el mismo estado a través de su herramienta paramilitar y de la misma fuerza pública, salen miles de escribanos en los mass media a mentir en la interpretación del informe, saltándose incluso las mismas cifras y conclusiones del informe y mintiéndo hasta la saciedad. Con lo cual tenemos en Colombia un genocidio que se perpetúa gracias a la manipulación mediática de la realidad.
Más del 98% de estos crímenes de violación sexual los comete el estado colombiano: eso arroja el informe de agosto 2011 de la Coalición Contra la Tortura. Entonces está claro que la fuerza pública y los paramilitares Sí tienen un comportamiento sistemático de utilizar la violación sexual como arma de guerra, pero no las guerrillas, con lo cual es bastante tendencioso equiparar lo inequiparable. Hay incluso textos que ni siquiera nombran a la fuerza pública como victimaria.
Los autores de estos textos o bien son partícipes de la propaganda oficial y su estrategia de ocultamiento, o bien son altamente irresponsables, porque si de verdad les importa informar del drama colombiano, y de la crítica situación de las mujeres colombianas, no se puede equiparar en justicia a los que cometen más de 98% de las violaciones sexuales en un conflicto con los demás. Es desquiciado, y no permite un análisis serio de la tragedia. Las estadísticas, los indicadores numerales y los informes deben servir para entender y análizar con seriedad la grave situación de violaciones a los DDHH. Los informes de DDHH en Colombia se hacen en medio de la adversidad, y bien conocidos son los niveles de arremetida contra investigadores y defensores de derechos humanos en Colombia, como para irrespetar además su trabajo, usándolo como base para la propaganda estatal.
Equiparar a paramilitares y guerrilla es algo que se salta toda proporcionalidad, y es algo que es además una de las principales líneas propagandísticas del estado. Va en contravía a la realidad objetiva, y a la realidad plasmada en multitud de informes. Todos los informes coinciden en las proporciones que son la casi totalidad de estos crímenes (más del 98%) son cometidos por fuerza pública y paramilitares, evidenciando que sí hay un patrón de conducta en ellos y no en las insurgencias.
Si hasta la misma Oxfam (que no es para nada de izquierda) muestra las proporciones; y así como el informe (que es el último en data) de la Coalición Contra la Tortura, evidencia esto: la mayoría aplastante de estos crímenes lo cometen fuerza pública y paramilitares, en varias ocasiones conjuntamente, lo que demuestra que ellos sí tienen como patrón de comportamiento el usar la violación sexual como arma de guerra.
La desinformación en base a un drama tan grave como la dantesca cantidad de mujeres violadas en Colombia, que obvia decir que los principales violadores son agentes estatales, que no informa de la multitud de denuncias del accionar conjunto militar-paramilitar, y que hace comparaciones exhorbitadamente abusivas es de un cinismo aterrador. Esta desinformación alcanza su cúspide cuando sale incluso reflejada en medios alternativos: Son textos que mienten al equiparar en frases ligeras, lo que los mismos informes muestran que es inequiparable. Es hacerle un gran daño a un pueblo el venir a mentir sistemáticamente para opacar la realidad. Aunque algunos de esos escribanos vengan con envoltorios 'inocentes', no lo son. O no son inocentes y son agentes cooptados para la propaganda por el estado colombiano, o bien su nivel de irresponsabilidad es extremadamente grave pues incurren en mentir con algo dramático.
No obstante estos textos de desinformación y mentiras, está el estremecedor informe de la Coalición Contra la Tortura, cabe recordarlo: arroja una realidad que no puede seguir siendo ignorada por el mundo.
Cito aquí una parte del artículo de Camilo Raigozo, que es síntesis del informe de la CCT:
Denuncia la Coalición Colombiana contra la Tortura:1.834 torturas fueron documentadas entre 2001 y 2009. El Estado es responsable del 91 por ciento
Entre julio de 2001 y junio de 2009 fueron torturadas al menos 1834 personas de las cuales fueron asesinadas 1.148, sobrevivieron 422 y 264 fueron torturadas psicológicamente. El Estado es responsable del 90,59 por ciento de estos crímenes.
El pasado 18 de agosto la Coalición Colombiana Contra la Tortura presentó un informe de seguimiento a las recomendaciones del Comité Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de la ONU.
La Coalición Colombiana Contra la Tortura está conformada por la Asociación de detenidos-desaparecidos, Asfades; Asociación Minga; Colectivo de Abogados José Alvear Restreo, Ccajar; Comisión Colombiana de Juristas, Ccj; Corporación Avre; Corporación Reiniciar; Corporación Vínculos; Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Fcspp y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
Según el documento, entre julio de 2001 y junio de 2009, fueron víctimas de tortura al menos 1.834 personas de las cuales fueron asesinadas 1.148, sobrevivieron 422 y fueron torturadas psicológicamente 264 personas.
De los crímenes anteriores el 15 por ciento de las víctimas fueron mujeres. De los 610 casos en que se pudo establecer la edad de las víctimas se encontró que 179 fueron niñas y niños, 179 jóvenes y 10 adultos mayores.
De los 1.350 casos en que la Coalición logró conocer los presuntos autores, el Estado está comprometido en el 90,59 por ciento de ellos. En 566 torturas, el 41,93%, están comprometidos directamente agentes estatales del Ejército, Policía y otros.
Mientras que por omisión, tolerancia o apoyo de agentes del Estado a paramilitares en la comisión del delito de tortura fueron encontrados 657 casos, 48,67%. Por su parte las guerrillas son responsables del 9,41% de estos delitos.
Desplazamiento forzado
El informe señala que en 2009 fueron desplazadas más de 280.000 personas en Colombia, las cuales pasaron a engrosar la suma de más de cinco millones de desplazados ya existentes. La fuente se basa en el seguimiento que en esta materia ha realizado la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes.
La Comisión Colombiana de Juristas tuvo conocimiento de 118 casos de personas desplazadas, víctimas de violaciones al derecho a la vida, entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de septiembre de 2009. Al menos ocho de ellas eran personas que reclamaban la restitución de sus tierras.
En los casos en que se conoció el presunto perpetrador de este crimen, se encontró que el Estado es responsable del 90,38% de estos. El 21% por acción directa de militares, policías u otros agentes; y por connivencia de estos con paramilitares el 69,23%. Por su parte las guerrillas son responsables del 9,62% de los desplazamientos.
El propio gobierno reconoció que entre 2007 y el primer semestre de 2010 fueron asesinadas 1.499 personas desplazadas y 354 fueron desaparecidas de manera forzosa.
Violencia sexual
La Comisión Colombiana de Juristas pudo establecer que entre julio de 2001 y junio de 2009 ocurrieron al menos118 casos de violencia sexual. En 111 casos las víctimas fueron mujeres, en 6 hombres y uno no se pudo establecer.
En los 58 caos en que se pudo establecer la edad de las víctimas se encontró que 37 fueron niñas, 10 jóvenes y 11 adultas. Es decir que el 81,03 de las víctimas de violencia sexual son menores de 25 años.
En los 107 casos en que se pudo establecer el autor del crimen de violencia sexual se encontró que los agentes del Estado son responsables del 98,14% de estos. Por perpetración directa de militares, policías u otros agentes, el 66,36%, y por complicidad de estos con paramilitares, el 31,78%. Las guerrillas fueron halladas responsables en dos casos es decir el 1,87%.
Cabe anotar que la gran mayoría de crímenes de tortura, violaciones sexuales y tortura psicológica, no son denunciadas, principalmente por amenazas de los victimarios, el difícil acceso a la justicia y por ignorancia de las víctimas a ejercer ese derecho.
El gobierno colombiano se ha negado sistemáticamente a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura, herramienta que obligaría al Estado colombiano a implementar un sistema de visitas regulares a los centros carcelarios y penitenciarios,- por parte de organizaciones independientes y complementarios a nivel internacional y nacional, que contribuiría en la prevención de hechos de tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a los cuales son sometidos los internos en las cárceles del país.
Sin ningún sonrojo el gobierno se ha opuesto a dicha ratificación argumentando que "no es necesaria, por cuanto existen diferentes mecanismos internos, tales como comités y directivas, en las entidades del gobierno del orden nacional y regional, con el objetivo de prevenir la ocurrencia de hechos de tortura".
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