Todos los movimientos de Sánchez son preventivos para preparar la eventualidad de un suplicatorio en el Congreso. Si tal cosa llegara a suceder, entonces sabríamos de verdad en qué consiste una crisis constitucional montada desde el poder

© EFE/Moncloa/Fernando CalvoEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
1. Acusador y acusado, la dualidad imposibleArcadi Espada tiene razón: no se puede privar al ciudadano Álvaro García Ortiz, procesado por un juez instructor del Tribunal Supremo, del derecho a desplegar en su defensa todos los recursos disponibles para cualquier reo en su situación.
Tiene derecho a mentir en el juicio, a practicar maniobras dilatorias autorizadas por la ley procesal, a desviar la culpa hacia terceros, incluso a intentar engañar y confundir al tribunal. Recortarle esos derechos sería dejarlo indefenso y podría conducir, eventualmente, a una anulación del proceso y de la probable condena (lo que el oficialismo busca en este y en todos los procedimientos de corrupción que afectan al Gobierno).
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