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En los tiempos que corren, condenar a un país como Italia a pagar una suerte de indemnización a los refugiados que rechazó en medio del mar, llevándolos a Libia, ha dado y dará que hablar además de provocar los aplausos de parte de todas las organizaciones de derechos humanos, desde Amnesty International al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El hecho ocurrió en la noche del 6 al 7 de mayo de 2009, es decir en pleno gobierno de Silvio Berlusconi y cuando el exponente de la Liga Norte, Roberto Maroni, era el ministro del Interior. Aunque la situación no era de la gravedad como la que se planteó a principios de 2011, cuando miles de hombres y mujeres escapaban de las revoluciones del norte de Africa y llegaban a la isla italiana de Lampedusa, el gobierno italiano decía estar acosado por la llegada de inmigrantes y hablaba de cifras incontenibles, usando estos argumentos para justificar el endurecimiento de la legislación. Poco después de estos hechos, el 15 de julio de 2009, el gobierno sancionaba un paquete de medidas de seguridad que incluía el "delito de inmigración clandestina", imponiendo la cárcel a quien fuera descubierto. Este delito fue posteriormente bochado por la Corte de Justicia de la Unión Europea.
