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Cuando el plan de "Comunidades Seguras" fue presentado por el gobierno como una herramienta poderosa en la batalla para identificar y deportar a los inmigrantes ilegales que habían sido condenados por delitos violentos; docenas de estados, incluyendo California, se sumaron a la medida que permitía que policías locales revisaran las huellas dactilares de todos los detenidos para verificar las bases de datos federales de condenas penales y órdenes de deportación.
El 'matrimonio' entre el Departamento de Seguridad Nacional y policías locales no duró mucho.
Desde su lanzamiento en 2008, más de la mitad de los deportados en Comunidades Seguras, carecían de antecedentes criminales o sus delitos fueron menores.
El programa no hacía distinción entre los criminales y los que entraron ilegalmente en Estados Unidos o su visa quedó vencida. Ciudades como San Francisco, Berkeley y condados como Santa Clara, dijeron no querer participar del programa, argumentando que debilitaba las relaciones entre la policía local y las comunidades inmigrantes. Un proyecto de ley patrocinado por el asambleísta Tom Ammiano, demócrata de San Francisco, propuso que sólo las huellas dactilares de los criminales condenados sean las que se presenten a las autoridades. No fue aceptado.
La posición del gobierno federal es que sus bases de datos deben recibir las huellas digitales de todas las personas fichadas, y no únicamente las convictas.
