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Otra masiva jornada de movilización por cambios estructurales en el modelo educacional chileno y la invocación por el gobierno de la Ley de Seguridad del Estado para enfrentar la protesta social signaron la última semana.

A contrapelo de opiniones de la derecha chilena acerca de un supuesto desgaste en el Movimiento Social, cientos de miles de estudiantes y trabajadores tomaron nuevamente las calles del país suramericano el pasado miércoles para demandar educación pública y gratuita, garantizada por el Estado.

Las marchas constituyeron el momento cumbre de una jornada nacional de protestas de 48 horas que incluyó cacerolazos, tomas de colegios y la entrega en La Moneda de los resultados del plebiscito de comienzos de este mes, en el que más del 90 por ciento de los sufragios ratificó el rechazo a la educación de mercado.

En medio de ese escenario, atizó la crisis política por la que atraviesa el país el anuncio del Ejecutivo de aplicar contra alegados actos de violencia la Ley de Seguridad del Estado, creada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El Gobierno está dando palos de ciego, opinó sobre tal determinación Camilo Ballesteros, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago.

Esa es una ley que se generó en una dictadura para reprimir y asustar a la gente, para usar el poder del Estado sobre las personas y es lamentable que un gobierno en democracia esté usando este tipo de medida, declaró a Prensa Latina el secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Cristóbal Lagos.

Tanto Ballesteros como Lagos, y otros líderes universitarios de Chile, criticaron la asociación de los actos vandálicos con el ambiente legítimo de la protesta social.

El regodeo mediático en torno a las acciones de vandalismo perjudica al Movimiento Social porque distraen el foco de atención de lo esencial, del contundente reclamo a favor de cambios profundos en el sistema educacional, apuntaron.

Camila Vallejo, portavoz de la Confederación de Estudiantes de Chile, cuestionó además, que luego de cinco meses de movilización, la policía de Carabineros no tenga la capacidad operativa y logística para aislar a los que provocan desmanes en las manifestaciones y sí reúna esas facultades para reprimir a los que se expresan de manera pacífica.

A juicio de la revista chilena Punto Final, el gobierno intenta aplastar la protesta social para sostener artificialmente un modelo de dominación profundamente agrietado y que la inmensa mayoría del pueblo rechaza.