Los maestros madrileños iniciaron hoy su séptima huelga en poco más de un mes contra los recortes en educación decretados por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, del derechista Partido Popular (PP).

A la protesta en defensa de la enseñanza pública están convocados los docentes de los colegios de instrucción primaria y secundaria, según los sindicatos del sector.

Junto a la convocatoria de este jueves, las asociaciones gremiales programaron este mes otras dos jornadas de paro, los días 17 y 23, en protesta por el incremento del horario lectivo de 18 a 20 horas semanales.

La principal destinataria de la paralización de actividades es la mandataria de la Comunidad de Madrid, quien decretó una poda de 80 millones de euros en la enseñanza pública y fue acusada de beneficiar la instrucción privada.

Aguirre pretende que los maestros impartan 20 horas lectivas en lugar de las 18 establecidas, lo cual provocará, denuncian los sindicatos, la pérdida de tres mil empleos, la eliminación de clases de apoyo o de algunas materias y cursos ante la falta de pedagogos.

A principios de septiembre las asociaciones gremiales anunciaron un calendario de movilizaciones contra la poda presupuestaria en educación aplicada por las administraciones de varias comunidades autónomas de España, en su mayoría gobernadas por el PP.

De acuerdo con el magisterio, los recortes rondan los dos mil millones de euros y dejarán sin empleo a unos 15 mil educadores interinos, además de repercutir negativamente en la calidad de la enseñanza.

Bajo la presión para reducir costos, se les está ordenando a los pedagogos pasar más horas en las aulas, lo cual significa que miles de maestros de apoyo serán despedidos, sostienen las centrales obreras.

Desde el inicio del curso escolar, el pasado 20 de septiembre, se registraron, con la de hoy, siete huelgas, cuatro manifestaciones y varias concentraciones y actos de protesta de docentes, asociaciones de padres y alumnos contra los ajustes emprendidos por Aguirre.

La crisis económica no puede ser coartada para transferir recursos del Estado hacia la iniciativa privada, advirtieron en un manifiesto los sindicatos y asociaciones de padres convocantes de una multitudinaria manifestación realizada en esta capital el 22 de octubre último.

Reclamaron que se retire de inmediato el castigo a la educación pública y, en lugar de decapitar programas y reducir plantillas, se busquen fórmulas para aumentar la inversión y se recorten los enormes gastos suntuarios de las administraciones.