Nuevas versiones de niñas indígenas violadas por agentes de la Policía Nacional, que reprimieron a manifestantes de la etnia Ngöbe-Buglé, fueron divulgadas hoy por el diario local La Estrella de Panamá.

Una fuente consultada por el rotativo, cuya identidad ha sido mantenida en reserva, indicó que las violaciones ocurrieron en el distrito de San Félix, en la occidental provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica, durante protestas registradas hace una semana en contra proyectos mineros e hidroeléctricos.

"Allí las agarraron los policías, las desnudaron, las echaron al carro y se las llevaron', contó la mujer entre sollozos al suministrar su versión de los hechos a la Estrella de Panamá.

El rotativo intentó contactar al jefe de la Zona Policial de Chiriquí, Marcos Córdoba, para que diese su versión de los hechos, pero el oficial, quien inicialmente aceptó ser entrevistado, no atendió a los reporteros tras alegar que estaba en una reunión.

Una Comisión de la Verdad, encabezada por el médico Vicente Saldaña, se encuentra en fase de recolección de la información y testimonios de las personas afectadas por la represión policial en las provincia de Chiriquí y Veraguas, en las que hubo muertos, heridos, desparecidos y presuntos casos de tortura.

De hecho, la cacica Silvia Carrera aseguró que los muertos durante los enfrentamientos con la Policía Nacional sobrepasan las dos defunciones que reconoce el Gobierno.

Sostuvo que hay personas desparecidas. "Ellos (el gobierno) dicen que hay dos muertos, pero son varios", indicó Carrera. Dabari Krundu, integrante de una Coordinadora Indígena, dijo al rotativo que está segura que hubo más muertos en los enfrentamientos y que la Policía utilizó helicópteros para el traslado de los cadáveres, tras los ataques.

Entre los desaparecidos figuran Rommel Marquire, Ariel Jiménez, Timoteo Pedrol, Fredy Caballero Salinas, Cristino Rodríguez, Benjamín Rodríguez y Johnson Rodríguez.

Human Rights Every Where (HREV), asociación no gubernamental de promoción y defensa de los Derechos Humanos, denunció la violación de abusos por parte del gobierno panameño en la gestión de la crisis por las protestas indígenas antimineras.

A través de un comunicado, HREV dijo que el gobierno violentó el derecho a la asistencia sanitaria y jurídica a los detenidos, el debido proceso, al no ponerlos a disposición de las autoridades judiciales en el plazo estipulado por ley, y principios básicos de protección de los menores de edad.

La divulgación de la denuncia coincidió con movilizaciones y el cierre escalonado del puente sobre el río Changuinola, en la caribeña provincia de Bocas del Toro, limítrofe con Costa Rica. El bloqueo fue iniciado la noche del viernes por grupos indígenas Ngöbe-Buglé, quienes se mantienen en estado de alerta, mientras negociadores analizan en la Asamblea Nacional (Parlamento) el tema de las hidroeléctricas y las explotaciones mineras.