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Los exgobernantes de facto Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone pronunciarán hoy sus últimas palabras en el juicio que se sigue por los robos de 35 bebés ocurridos durante la última dictadura militar argentina.

En la sesión de este martes en el Tribunal Oral Federal 6 tendrán también esa oportunidad el exgeneral Santiago Omar Riveros, el exalmirante Antonio Vañek, el excapitán de la Marina Jorge "Tigre" Acosta y el exmédico obstetra del hospital Naval Jorge Magnacco.

Mientras, el resto de los inculpados en la causa, conocida como "Plan Sistemático", dirán su última palabra el próximo 5 de julio cuando, según la agencia de noticias Telam, también se dará a conocer el veredicto.

Videla, Bignone, Acosta, Franco y Vañek tienen pedida una pena de 50 años de prisión en cárcel común por parte del fiscal Martín Niklison, quien para el resto de los inculpados requirió condenas de entre 14 y 30 años de encierro.

El juicio por la causa "Plan Sistemático" comenzó en febrero del pasado año y en las audiencias se ventilaron 35 casos de robos de bebés, 20 de los cuales recuperaron su identidad y ahora brindaron testimonio.

Durante el proceso prestaron declaración unos 400 testigos, entre ellos víctimas de la apropiación y familiares, y por primera vez se analizaron más de 30 hechos de apropiación ilegal de recién nacidos de madres en cautiverio.

En el transcurso del proceso, el fiscal pidió también que, sobre la base de testimonios vertidos en el mismo, se abra una causa contra el excapellán de la Armada y titular del vicariato castrense Alberto Emilio Graselli, por su posible complicidad y encubrimiento en la sustracción de los infantes.

Además, reclamó investigar al denominado Movimiento Familiar Cristiano, a través del cual fueron entregados muchos de esos recién nacidos a represores o familias afines a la dictadura, quienes les ocultaron y sustrajeron su identidad.

Los robos de recién nacidos durante la dictadura militar se produjeron tanto en la maternidad clandestina que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en esta capital, como en los centros clandestinos de detención de Campo de Mayo, Pozo de Banfield y "la Cacha".

La denuncia judicial de esta causa fue radicada hace 15 años por Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, una organización según la cual todavía quedan por encontrar y devolver su identidad a unas 400 víctimas de tales prácticas.