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El Estado colombiano tiene unos 200 mil juicios en su contra. Sin embargo, uno resalta por lo insólito de la demanda y por la cifra sideral que está juego: tiene 14 ceros a la derecha y, según el cálculo del diario colombiano El Tiempo, cada ciudadano debería pagar 10 millones de pesos (4.800 dólares) para afrontarla. Ni siquiera un año entero de su PIB bastaría para cancelarla. Son 32 billones de dólares.
¿Qué se reclama? La familia Durango Sanín solicitó en 2003 que el Estado los compense por la expropiación de 1926 kilómetros cuadrados de tierra en el departamento de Antioquia en 1967.
De acuerdo con El Tiempo, el Consejo Superior (el tribunal de más alta jerarquía en cuestiones administrativas) está "próximo" a fallar en la causa, luego de que la familia recurriera la sentencia de la máxima instancia judicial de Antioquia.
Los demandantes son cuatro. Todos heredaron la fortuna de Mirocletes Durango, famoso por reclamar tierras al Estado, como cuando exigió que le restituyan 160 minas. Pero la más famosa fue de 1930: se ofreció para ayudar a Japón a comprar un quinto del territorio colombiano.
De acuerdo con lo registrado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, el país pierde entre el 70 y 80 por ciento del total de las demandas que enfrenta cada año. Sin embargo, la pretensión parece descabellada para algunos expertos. "Yo no doy un peso por esa demanda. De entrada, el tema de la cuantía (exagerada) y los argumentos son muy poco consistentes", afirmó al el abogado Javier Villegas, experto en litigar contra el Estado.
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