Ollanta Humala enfrenta un nuevo conflicto social, esta vez en Puno. Allí, los trabajadores informales buscan frenar un decreto del Gobierno que crea el delito de "minería ilegal".
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Unos cuatro mil mineros informales de las provincias de Sandia y Cabaraya, en Puno, protagonizaron un paro de 48 horas. Marcharon en columna hasta la ciudad de Juliaca donde pretendía reunirse con la máxima autoridad de la región, Mauricio Rodríguez. La cita no se concretó y todo terminó en violencia.

Los mineros informales rechazan una norma del Gobierno que crea el delito de minería ilegal y que busca formalizar esta actividad para evitar la depredación de bosques amazónicos. Exigen la libre comercialización del oro y la renuncia de los funcionarios de Humala que impulsan la regularización de su actividad.

Los marchistas advirtieron que, a partir de este miércoles 22 de agosto, radicalizaran la protesta. Prometen cortes de ruta y una paralización de la zona.

Mientras en esa región los mineros informales defienden su labor extractiva, en la región norandina de Cajamarca varias comunidades indígenas rechazan la ejecución del proyecto aurífero Conga, donde la estadounidense Newmont proyecta invertir 4.800 millones de dólares. La oposición radica en que ese proyecto destruiría el medioambiente y las cabeceras de cuenca que proporcionan agua a esa zona del país, argumento que es rechazado por Newmont.

Actualmente, el Gobierno de Ollanta Humala enfrenta un total de 229 conflictos sociales, de los cuales 152 se encuentran en calidad de activos y 77 en estado latente; la mayoría, derivados de problemas sociambientales con relación a la actividad minera, según el último informe de la Defensoría del Pueblo.