El Supremo dictó por unanimidad que los agricultores no pueden usar soja alterada genéticamente por la multinacional agrícola Monsanto -que copa el 90% del mercado estadounidense- para crear nuevas semillas.
El caso se remonta a 2007, cuando Monsanto demandó al granjero Vernon Hugh Bowman al considerar que este había violado su patente sobre unas semillas de soja.
Monsanto prohíbe a los campesinos utilizar la cosecha conseguida con semillas del gigante transgénico - que están modificadas para hacer frente al herbicida Roundup, que la misma compañía fabrica- para una nueva siembra. De esta manera los granjeros deben comprar nuevas semillas año tras año.
Bowman, de 75 años de edad, primero había comprado semillas de Monsanto, pero cambió de decisión a favor de unas más baratas que compró en el granero local, normalmente destinadas a alimentar al ganado o reservadas para usos industriales. El punto clave en la historia es que la mayor parte de las semillas de los graneros locales fueron obtenidas de plantas cultivadas por Monsanto.
En 2007, Monsanto lo demandó y obtuvo 85.000 dólares en compensación, aunque el granjero recurrió hasta llegar a la corte suprema de EE.UU., que ha ratificado la decisión a favor de la empresa.
En numerosas ocasiones Monsanto ha sido blanco de críticas por el uso de productos transgénicos que, según denuncian algunos especialistas, perjudican la salud, causando cáncer, infertilidad e incluso defectos en los fetos.
"Apoyar totalmente" a las grandes empresas en casos similares es lo que "tradicionalmente han hecho los gobiernos norteamericanos a lo largo de todo el siglo XX y XXI", indica el escritor y profesor de historia contemporánea Higinio Polo. "Como ha ocurrido anteriormente con muchas otras compañías, los tribunales están a disposición de las empresas. De hecho la mayoría de las decisiones legislativas que adoptan en el Congreso de EE.UU. vienen de la mano de los numerosos 'lobbies' empresariales", añade Polo.
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