Editado en español por Carlos Aliaga y Ricardo Figueroa

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Las cortes deben obligar al administrador del fondo establecido por BP para compensar a las víctimas de su derrame de petróleo en el Golfo de México a que cumpla con sus obligaciones legales y deje de pagar de menos a los demandantes, dijo el martes el estado de Misisipi.

Hasta ahora "deficiencias extendidas y violaciones a la ley" caracterizan al Centro de Reclamos de la Costa del Golfo (GCCF, por su sigla en inglés) administrado por Kenneth Feinberg, dijo el fiscal general Jim Hood en un memorando a una corte federal en Luisiana.

"Se requiere de intervención y acción judicial que obligue a BP a remediar su incapacidad de proveer un proceso de demandas que cumpla los requisitos del Acta de Polución Petrolera de 1990, la ley estatal y los compromisos públicos de BP", indicó el memorando.

La semana pasada Hood pidió a la corte que permita que el estado asuma el proceso de pagos.

La presentación usó las propias estadísticas del fondo para sostener que este sólo ha pagando una cantidad "mezquina" a los demandantes luego del mayor desastre de petróleo en la historia estadounidense, que comenzó cuando una plataforma de BP explotó y se hundió en abril del 2010.

Millones de galones de petróleo se derramaron en el golfo entre abril y julio, dañando los frágiles pantanos de Luisiana, tocando tierra en Misisipi, Alabama y Florida y dañando industrias costeras como la pesca y el turismo.

Luego del derrame, muchos residentes de la costa del golfo han sostenido que el fondo favorece los intereses de BP por encima de los suyos y que la compañía está intentanto librarse de su compromiso de "enmendar la situación" de las víctimas del derrame.

El fondo ha pagado 1.400 millones de dólares a personas individuales y 1.900 millones de dólares a empresas, indicó el memorando.

"Aunque la cifra de demandas pagadas y la cantidad agregada pagada por el GCCF parece grande a primera vista, el hecho es que la cantidad de víctimas es grande, la cantidad de daños sufridos es aún mayor que lo que ha sido entregado y el número de demandas no pagadas es asombroso", indicó la declaración.

En particular, el memorando lamentó cifras que muestran que sólo el 56 por ciento de las empresas que solicitaron un pago de emergencia recibieron dinero y dijo que una falta de transparencia hace imposible saber si quienes recibieron dinero obtuvieron cantidades adecuadas.

La misma ausencia de transparencia hace imposible evaluar la validez de la declaración del fondo que sostiene que más de la mitad de las personas a las que se les negó un pago, que representan dos tercios de todos los demandantes, no presentaron la documentación requerida, indicó el memorando.