Izquierda Unida (IU) pedirá al Gobierno español que establezca con su par de Estados Unidos un calendario a medio plazo para desmantelar las bases militares de utilización conjunta emplazadas en el territorio nacional.

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, planteará esa demanda en una moción a debatirse este martes en el hemiciclo del Congreso de los Diputados (Cámara baja) a favor de que se revise el Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos.

La vigencia de ese acuerdo, que data de diciembre de 1988, expira el próximo 12 de febrero.

Fue revisado en 2002 durante el Gobierno del conservador José María Aznar y se prorroga automáticamente por periodos de un año, salvo decisión expresa de una de las partes.

Llamazares quiere saber si el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero contempla modificar dicho tratado para garantizar que el uso de esas bases por parte de Washington se rija por los mismos criterios que han de cumplir las Fuerzas Armadas españolas en sus misiones en el exterior.

Recordó que, de acuerdo con la Ley de Defensa Nacional, las misiones internacionales de Madrid deben contar con el consentimiento del Gobierno, la autorización de la cámara baja y atenerse al Derecho Internacional.

La moción, presentada en conjunto por IU, Esquerra Republicana de Cataluña e Iniciativa por Cataluña Verdes, insta al poder central a denunciar el convenio en los seis meses previos a febrero de 2012, luego de que este año se optó por prorrogarlo.

Recientemente, la ministra de Defensa, Carme Chacón, anunció que a partir del corriente mes se endurecerán los requisitos para autorizar escalas y sobrevuelos de aeronaves norteamericanas y sobre el almacenamiento de explosivos en suelo ibérico.

Sin embargo, para los tres partidos de izquierda los cambios notificados por la titular castrense son insuficientes.

A juicio del portavoz parlamentario de IU, el protocolo de enmienda firmado en 2002 por Aznar consagró un mayor desequilibrio en favor de Estados Unidos, porque no garantiza ninguna cláusula de defensa mutua.

Denunció que el reajuste hecho entonces otorga un cheque en blanco a los servicios de inteligencia estadounidenses para actuar como les plazca en territorio español.

Tampoco, subrayó, ofrece la menor garantía de que las infraestructuras de las sureñas bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) se beneficien de fondos del Programa de Inversiones en Seguridad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Llamazares exige, entre otras reformas, que se legitime "el control judicial de la actividad de los citados servicios de inteligencia y el respeto de los derechos y libertades en nuestro país por parte de sus miembros, cuyas misiones han de obtener autorización previa de un juez".

En su opinión, resulta incoherente que se consienta la utilización de este territorio por parte de Washington para realizar misiones que las propias Fuerzas Armadas españolas no están autorizadas a desarrollar por entrar en contradicción con la Ley de Defensa Nacional y la legalidad internacional.