Hernández tuvo que huir de México, tras recibir múltiples amenazas de muerte. Una noche, en diciembre de 2013, un comando de la policía federal, compuesto por once hombres armados, entró en su domicilio. Ella, afortunadamente, no se encontraba allí. Fue la gota que colmó el vaso. Desde entonces vive en Estados Unidos, pero regresa una vez al mes a su tierra natal para seguir investigando. Desde algún lugar de Ciudad de México contesta por teléfono a las preguntas de CTXT.
Fotografía cedida por la entrevistada
¿Por qué tuvo que salir de México y cómo fue su exilio en Estados Unidos?
Antes que nada debo explicar que México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Esto no sólo es una frase. En México han sido asesinados más de 116 periodistas en los últimos diez años. Sólo el año pasado los asesinados fueron 16. Y yo, por desgracia, soy uno de estos periodistas que ha sufrido violencia y atentados como consecuencia de su trabajo.
A raíz de la publicación de mi libro Los señores del narco en diciembre de 2010, me enteré por una fuente de información de que el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, había organizado un complot para asesinarme como represalia por lo que había publicado sobre él y la red de corrupción que operaba en la Policía Federal (PF) al servicio del cártel de Sinaloa. Esto generó que la policía organizara un complot para asesinarme, yo pude enterarme a tiempo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos urgió al gobierno del Distrito Federal a ponerme una protección. Desde entonces tengo que vivir con escoltas las 24 horas del día.
Después de esto, en enero de 2011 hubo un atentado armado contra mi familia. Ha sido un infierno: algunas de mis fuentes de información fueron asesinadas, acribilladas en la calle como el general Mario Arturo Acosta Chaparro, una de mis fuentes principales para Los señores del narco. Acosta Chaparro me narró el encuentro que tuvo con los diferentes cárteles de la droga, incluyendo a Joaquín El Chapo Guzmán, que entonces estaba prófugo, por órdenes del entonces presidente Felipe Calderón. Al contrario de lo que decía públicamente, que mantenía una "guerra contra el narcotráfico", lo que hacía era recibir sobornos del narcotráfico e intentar negociar con distintos cárteles de la droga. Esta información después me la confirmó Edgar Valdez Villareal La Barbie, un narcotraficante importante que trabajaba para el cártel de Sinaloa, para los Beltrán Leyva y para El Chapo Guzmán. Valdez me escribió una carta en noviembre de 2012, narrando cómo Calderón había encabezado algunas de estas organizaciones con los criminales, pues en vez de perseguirlos se sentaba a tomar café con ellos, y cómo a él le constaba que este jefe policial, Genaro García Luna, y otros mandos que yo había denunciado recibían dinero de él y de otros cárteles.
Esto provocó que las agresiones en mi contra fueran aún peores y en diciembre de 2013 ocurrió un suceso muy delicado, la gota que derramó el vaso y nos obligó a salir de México. Un comando de la policía federal, compuesto por once hombres armados, entró en mi domicilio, amenazaron a mis escoltas, se llevaron a uno de ellos golpeándolo salvajemente, amenazaron a mis vecinos y les pusieron pistolas en la cabeza, incluso a unos pequeños de seis o siete años. Finalmente entraron a mi domicilio, yo no estaba, no se robaron absolutamente nada, pero el crimen quedó impune. Eso fue lo que me obligó a diseñar una salida digna de México.
No quería ser un mal ejemplo para mis compañeros y simplemente huir por huir. Quería encontrar una manera de tener un espacio, de seguir trabajando, investigando y publicando información en México sin estar en México. Así encontré un programa de periodismo de investigación en la Universidad de California en Berkeley que me arropó dos años, me dio una beca y pude irme con mis hijos. Aunque estaba en una pequeña isla de tranquilidad, para mí era muy difícil pensar que mis compañeros seguían siendo asesinados en México, que la situación no cambiaba, y decidí, debido a la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014 en Ayotzinapa, volver a arriesgar mi vida y regresar cada mes a México pese a las amenazas y todo lo que había vivido.
¿Cuáles son los mayores aportes de su nuevo libro, La verdadera noche de Iguala?
Sería bueno primero explicarle a la opinión pública y a la comunidad internacional que el Gobierno de México inventó la resolución del caso. Cuando ocurre esta terrible desaparición de los normalistas y el asesinato de tres estudiantes y tres civiles esa misma noche, el Gobierno de México empezó a tejer una versión oficial que pudiera encubrir para siempre la realidad. Investigué el caso desde Berkeley viniendo a México una vez al mes. Durante un año estuve desmantelando todas las mentiras inventadas por el gobierno federal, principalmente por la Procuraduría General de la República (PGR), encabezada entonces por Jesús Murillo Karam, y por el encargado de la investigación directa, que era el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón.
Estos dos personajes inventaron la llamada "verdad histórica", hicieron creer al mundo que los normalistas habían sido asesinados por órdenes de un simple y pequeño alcalde de Iguala, por un pequeño grupo de policías sin armamento ni entrenamiento suficientes y por un pequeño grupo criminal que operaba en la zona. Ésta es la historia que se inventó el gobierno, le dijo al mundo que los estudiantes habían sido cremados esa misma noche en un basurero en Cocula.
Es la historia que conoce el mundo pero la historia es falsa. Lo que pude descubrir en dos años de investigación son cinco puntos fundamentales que demuestran y prueban que fueron funcionarios públicos del Gobierno de Enrique Peña Nieto, fueron militares, policías federales y federales ministeriales los que participaron en este crimen. Encontré que fue el ejército mexicano, el 27 Batallón de Infantería, que fue el entonces coronel José Rodríguez Pérez, responsable del batallón, quien esa noche orquesta, diseña, ordena, coordina y termina por ejecutar la desaparición de los 43 normalistas. También pude descubrir que participaron activamente al menos 14 elementos de la Policía Federal. En el libro menciono sus nombres, los de los agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), o sea, los que trabajaban para Tomás Zerón y que participaron directamente en los hechos. Tengo las pruebas fehacientes de que el ejército disparó directamente esa noche contra los cinco buses en que viajaban los normalistas. Dispararon particularmente contra los dos buses Estrella de Oro, el blanco de esa noche.
Descubrí que el origen o la motivación del ataque, hasta ahora ocultado por el gobierno federal, es que el ejército esa noche trabajó por órdenes de un capo muy importante que operaba en Guerrero y que quería recuperar el cargamento de heroína de dos millones de dólares que viajaba en dos de los autobuses que, por accidente, sin saberlo, los estudiantes habían secuestrado días antes. Sin saber que esos camiones se iban a convertir en su ataúd. Otro de los elementos que he podido descubrir es que el Gobierno de México sabía todo esto.
¿Cómo?
A mediados de 2016, hubo una investigación interna dentro de la Procuraduría. El encargado de asuntos internos, el visitador general de la PGR, hizo una investigación independiente sobre la hecha por la PGR y descubrió lo que yo descubrí: que la supuesta cremación de los cuerpos en Cocula nunca existió; que la mayoría de los detenidos por el caso, como se afirma en mi libro, habían sido brutalmente torturados para arrancarles confesiones de delitos que no cometieron; que los dos camiones Estrella de Oro eran realmente el eje principal de lo que había pasado esa noche; así que ordenó que se investigará más al respecto. Y ordenó también investigar al capitán José Martínez Crespo, un personaje central en esta tragedia, uno de los responsables principales, acusándolo de presuntas conexiones con el crimen organizado. También ordenó la detención de varios policías federales y una investigación total al 27 Batallón. Toda esta información el gobierno federal la conocía y, por orden del presidente Peña Nieto, estas dos investigaciones fueron mantenidas en secreto por varios meses.
Después del informe, este visitador (auditor) de la PGR, César Alejandro Chávez Flores, tuvo que dimitir. ¿Este documento no fue divulgado públicamente? ¿Se trata de un funcionario honesto que quiso cumplir con su misión y fue silenciado?
Así es. Este documento cayó en mis manos justo cuando estaba terminando de escribir mi libro. Me confirmó el contenido de la investigación y publiqué su contenido en el libro. Además, en la página verdaderanochedeiguala.com, que creamos la editorial y yo, todo el mundo, los padres de los 43 y sus abogados, puede consultar esos documentos. Este funcionario se había comprometido con los padres de los 43 normalistas a hacer una investigación independiente contra Tomás Zerón y respecto de toda la investigación que había hecho la PGR.
Se supone que había un compromiso de la PGR de entregar el pasado agosto el resultado de estas investigaciones a los padres de los normalistas, pero como el visitador descubrió todas las irregularidades y la "mentira histórica", la procuradora Arely Gómez, por órdenes del presidente, decidió no entregar el documento a las familias. El visitador sufrió presiones por parte de la procuradora y otros funcionarios de la PGR, incluyendo a Tomás Zerón, para que cambiara los resultados de su indagatoria porque echaba por tierra la "verdad histórica".
Lo más grave de este documento, lo más importante, es el momento en que el visitador, a través de diversas pruebas periciales y testimoniales, con una investigación muy profunda, descubre que los estudiantes nunca fueron asesinados y quemados en Cocula y que los huesos de Alexander Mora, el único normalista supuestamente identificado, encontrados en el Río de Cocula, fueron arrojados allí por el propio Tomás Zerón. Ésta es la prueba pericial más importante que involucra, culpa y responsabiliza al Gobierno de México de los hechos. Los hechos acaecidos en Cocula son falsos y las pruebas fueron sembradas en el Río San Juan; el señor Zerón, el Gobierno de México, tenía en su poder los restos quemados de Alexander Mora. Ésa es la parte medular del caso, por eso el gobierno no podía permitir que se diera a conocer públicamente el informe del visitador general. Por eso fue amenazado de muerte y se vio obligado a renunciar.
¿Sería posible acusar de crímenes de lesa humanidad a los altos funcionarios del Gobierno y al presidente?
No soy abogada ni experta en la materia, pero una de las partes más valiosas de las conclusiones del visitador, tras la revisión de varias leyes internacionales, es que, al violarse el derecho a la verdad de las víctimas, al cometerse brutales actos de tortura para inventar esta historia y supuestamente "resolver el caso", al alterar pruebas, al cometerse violaciones graves a los derechos humanos y al alterar la verdad de las cosas, si el Gobierno de México no resolvía y saneaba con la verdad este caso, iba a terminar en una corte internacional porque así lo podía dictar el derecho internacional. Así que, sin duda alguna, el Gobierno de México, Peña Nieto y los funcionarios públicos involucrados en esta situación podrían ser juzgados internacionalmente si se instalara un tribunal especial para esto.
¿Dónde quedan el grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos y el exalcalde José Luis Abarca y su esposa que en su momento fueron indicados como responsables de la desaparición de los estudiantes?
La gran mayoría, el 80%, de los detenidos, incluyendo a supuestos miembros de Guerreros Unidos, al alcalde y a su esposa, fueron torturados y sus detenciones fueron ilegales. Lo supe por los dictámenes médicos practicados a todos estos detenidos y por los testimonios directos que obtuve de ellos y de sus familiares. Durante varios meses me estuvieron mandando cartas desde la prisión, contándome las brutales y salvajes torturas que sufrieron, incluyendo violaciones y descargas eléctricas, para arrancarles confesiones falsas. De acuerdo con el visitador, la detención de los principales acusados como autores intelectuales y materiales de la desaparición de los normalistas (Abarca y su esposa, los cuatro detenidos que confesaron haber quemado a los normalistas y los policías municipales acusados de haber orquestado y ordenado los hechos), fue ilegal, lo que significa que no deberían de estar en prisión. El Gobierno de México se dedicó a fabricar chivos expiatorios, falsos culpables, para proteger a los verdaderos culpables: funcionarios públicos de Iguala, miembros del ejército mexicano, de la policía federal, de la PGR, que participaron activamente en los hechos esa noche.
Más allá de grupos pequeños del narco como Guerreros Unidos, ¿en Guerrero quién manda?
Para hacer el libro Los señores del narco estuve investigando durante 12 años las operaciones del cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leyva. Una de las principales bases de operación de estos grupos era Guerrero, particularmente el puerto de Acapulco. En el libro narro cómo el entonces comandante de zona, Salvador Cienfuegos, ahora secretario de la Defensa Nacional, se paseaba en un yate por la bahía de Acapulco acompañado de Arturo Beltrán Leyva. El libro salió hace más de seis años y Cienfuegos nunca ha negado lo que contaba ni ha presentado una demanda. Cuando [tras la desaparición de los normalistas] surge la versión del gobierno federal de que supuestamente había un grupo muy poderoso de Guerreros Unidos y uno llamado "Rojos", me pongo a indagar y saco la documentación que usé para ese libro y me encuentro con que tal grupo es prácticamente minúsculo. Pude hablar personalmente con gente de los cárteles de Sinaloa y Beltrán Leyva y me comentaron que sí existen los grupos de los Rojos y Guerreros Unidos, pero que son células minúsculas, que no significan nada en comparación con el poder que todavía tiene la organización de los Beltrán Leyva en el estado. Cuando Arturo Beltrán Leyva es asesinado en Cuernavaca (Morelos), en diciembre de 2009, varias partes de su organización empezaron a desmantelarse. Hay muchos integrantes importantes de esta organización criminal, cuyos nombres no han sido revelados por el gobierno, que siguen operando en Guerrero. Y se han convertido en importantes capos, a lo mejor no como El Chapo Guzmán, pero sí capos de un importante nivel capaces de traficar importantes cantidades de droga, de heroína, de México a Estados Unidos. Uno de estos capos controlaba la zona de Iguala y sus inmediaciones en septiembre de 2014. Es este capo, cuyo nombre el gobierno no menciona ni está inculpado o encarcelado por el caso, quien esa noche ordena al 27 Batallón de Infantería que recupere a toda costa la heroína que estaba en esos dos autobuses de los que fueron desaparecidos los 43 normalistas.
¿Por qué el caso Iguala-Ayotzinapa es emblemático?
Por varias razones. La más humana y a la vez más valiosa es que efectivamente en México miles de familias han vivido la tragedia de los desaparecidos. Más de 25.000 personas fueron desaparecidas durante el sexenio de Felipe Calderón, pero por miedo y por intimidación muchos de sus familiares se quedaron callados, no dijeron nada, por temor a ser criminalizados. Los padres de los 43 rompieron ese esquema y demostraron a México y al mundo que ante la desaparición forzada no se puede guardar silencio. El ejemplo que han dado en estos más de dos años no sólo es de valor sino de profundo amor a sus hijos. Me parece que al final esto es lo más importante. El ejemplo de amor de estos padres ha conmovido al mundo y ha hecho que en México este caso no se olvide y que haya muchas personas que siguen buscando verdad y justicia.
Por otro lado, este caso es el ejemplo claro de que la guerra contra el narcotráfico en México es una simulación porque no se puede hablar de guerra cuando un batallón está al servicio del narcotráfico. No se puede hablar de guerra contra el narco cuando el presidente de la República, en vez de meter en la cárcel a los 40 o 50 funcionarios, involucrados con el narcotráfico, que determinaron lo que pasó esa noche, en vez de dar un ejemplo para decir "esto no lo vamos a permitir", tolera esta colusión y corrupción y premia a los responsables. Hoy el coronel que era responsable del 27 Batallón tiene el cargo prácticamente de subsecretario de la Defensa Nacional y fue ascendido a general. El capitán Martínez Crespo y los federales que participaron en esto siguen 'protegiendo a la sociedad' dondequiera que se encuentren, lo que significa un riesgo para sociedad mexicana. Es emblemático porque demuestra el fracaso y la simulación de la guerra contra el crimen organizado.
En tercer lugar, es un caso que ha sacudido al mundo, ha hecho que la comunidad internacional vea que en México realmente ni hay paz, ni hay verdad, ni hay justicia cuando se trata de crímenes cometidos por el Estado.
¿Qué mensaje quiere mandar a Europa?
La comunidad internacional ha sido bastante tibia con el Gobierno de México en el caso de los 43 normalistas. La UE y el Gobierno de Estados Unidos obligan al Gobierno de México al cumplimiento de normas mínimas de respeto de los derechos humanos para poder hacer negocios, aunque México no cumple ni siquiera con estas normas mínimas y siguen haciendo negocios con México en un pragmatismo criminal. La comunidad internacional, a lo mejor, está frotándose las manos pensando en las millonarias inversiones y ganancias que puede sacar, con la reforma petrolera que permite que cualquiera pueda invertir y extraer petróleo de México, con los cambios en la ley de energía, etcétera. La comunidad internacional no entiende que México es un polvorín, donde sus propios capitales e inversiones también pueden estallar junto con México.
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