"La administración de tráfico en redes tiene implicancias desde la libertad de expresión, pero fundamentalmente, y desde el sector privado, el debate es quiénes son los que van a hacer las inversiones y quiénes son los que van a estar beneficiados en el futuro de Internet", indicó el especialista, exdirector Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Dominios de Nivel Superior de Código de País (Lactld), organización que reúne a los administradores de dominios de América latina y el Caribe.
El 21 de noviembre, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos anunció un nuevo plan para anular las normas establecidas en 2015 que buscaban garantizar la igualdad en el acceso a Internet.
El director de la Comisión de Comunicaciones, Ajit Pai, argumentó que la nueva regulación impulsada por el Gobierno de Donald Trump, que sería aprobada el 14 de diciembre, traería una "restauración de la libertad en Internet" y terminaría con el "microgobierno" por parte del Estado.
Sin embargo, opositores advierten que la medida beneficiaría a los grandes proveedores de acceso al servicio, como AT&T, Verizon o Comcast, al permitirles más control en el tráfico y aumentar tarifas, y perjudicaría a las pequeñas compañías y consumidores.
El debate se ha planteado así en Estados Unidos como un enfrentamiento de libertad del mercado versus regulación con impacto en la igualdad de acceso y la libertad de expresión.
Sin embargo, hay otros intereses en juego, advirtió Piazza, quien ha tenido una participación activa en las discusiones regulatorias globales de Internet en los últimos diez años.
Si bien el cambio de normativa impacta en la libertad de expresión, la discusión de fondo es "quién tiene más obligaciones" y poder entre dos tipos de empresas "muy lucrativas": las operadoras del servicio y las que generan contenido, explicó Piazza, ex titular de LACRALO, organización regional que asesora a la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por su sigla en inglés).
De un lado se ubican las grandes compañías proveedoras aliadas al gobernante Partido Republicano, y del otro las tecnológicas de Sillicon Valley, como Google y Facebook, con el apoyo del opositor Partido Demócrata y organizaciones sociales.
La "mano dura" del Estado
Durante 20 años, previo a la regulación de Obama, calificada de "mano dura" por los impulsores de su eliminación, el servicio de Internet se mantuvo en libertad, en cuanto no hubo una normativa expresa, pero aun así el Estado tuvo un papel clave en la generación y el impulso de las redes.
"Las investigaciones que se hicieron de todo lo que derivó en Internet, desde los protocolos hasta cualquiera de los desarrollos de los estándares tuvo un fuertísimo componente de impulso del Estado", aclaró el especialista.
A partir de 2015, los operadores de acceso tienen limitaciones a la hora de administrar el tráfico, y no pueden por ejemplo imponer una tarifa diferenciada por visitar determinadas páginas web, lo cual aseguran afecta su inversión en las redes.
Piazza explicó que el principio que rigió siempre el tráfico en Internet es el del "best effort" ("mejor esfuerzo", en español) según el cual la red lleva los paquetes de información de un lugar a otro, los ordena y transporta, del modo más rápido posible de acuerdo a la infraestructura.
El boom de Sillicon Valley
En los últimos cuatro o cinco años, con el crecimiento del sitio web de videos YouTube, el aumento de los usuarios y la llegada de nuevos dispositivos, "el video se volvió una proporción enorme del tráfico de Internet".
"Como consecuencia, los que llevan la información, los carriers (proveedores), tienen que transmitir exponencialmente más cantidad de bytes con la infraestructura y las tarifas planas que ya tenían, no pudiendo aumentar el costo del servicio", señaló Piazza.
En contrapartida, las plataformas de contenido y video, como Google, Youtube, Netflix y Facebook (con WhatsApp e Instagram), han emergido como las más rentables del mundo.
Esas grandes compañías son las que avalan la continuidad del plan de Obama, añadió el especialista.
Cuestión de inversiones
Al cambiar la regulación, los proveedores del servicio, como AT&T y Verizon, podrían, por caso, bloquear la conexión o ralentizar la velocidad de acuerdo a la tarifa o el sitio web que se visita, determinando en última instancia el contenido al que accede el usuario.
En ese sentido, Piazza indicó que "el tema de neutralidad en la red es un tema de libertad y expresión en tanto un carrier (proveedor) o el estado puedan privilegiar un contenido sobre otro".
Sin embargo, "el punto central en la regulación tiene mucho más que ver con quién sostiene las inversiones que hacen falta para que Internet crezca, más que una regulación pro o contra mercado", definió.
En Latinoamérica y Europa, por ejemplo, las grandes compañías telefónicas cuestionan que cargan con el pago de impuestos y las inversiones, mientras las plataformas se benefician del tráfico que ellos proveen.
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