La resolución del juez Claudio Aguilar, tomada el miércoles, es un "nuevo acto de arbitrariedad (que) viola el acuerdo firmado en Cartagena de Indias que manda que los ex funcionarios se defenderán en libertad", alegó Zelaya en un comunicado.
El Acuerdo de Cartagena, firmado el 22 de mayo por Zelaya y el presidente hondureño Porfirio Lobo con la mediación de Venezuela y Colombia, permitió su regreso y el de ex funcionarios en el exilio. Enrique Flores regresó a Honduras el 28 de mayo junto al ex mandatario, derrocado el 28 de junio de 2009, y otros ex funcionarios.
El juez Aguilar, del Tribunal Penal de Tegucigalpa, le impuso arresto domiciliario y una fianza de tres millones de dólares por dos de los juicios sobre desvío de fondos, cuando se presentó voluntariamente a la indagatoria. Si no paga la fianza dentro de un mes será recluido en una cárcel mientras continúan los juicios en su contra, según lo dispuesto por el juez.
Zelaya denunció que Flores "se convierte en una nueva víctima del sistema de persecución política judicial en Honduras" y que con la resolución "se debilita la voluntad de reconciliación de la crisis que abate a nuestro país desde el Golpe de Estado Militar de junio de 2009".
El ex gobernante hizo un llamado a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Cartagena, integrada por los cancilleres de los países mediadores, y pidió la solidaridad con Flores, miembro de la Comisión Política del Frente Nacional de Resistencia Popular.
El presidente Lobo anunció este jueves la creación de una comisión de juristas internacionales independientes para que junto a la Comisión de Seguimiento verifique el cumplimiento del Acuerdo de Cartagena.
"Ya existe una comisión de seguimiento del Acuerdo de Cartagena, pero además yo voy a sugerir una comisión de juristas internacionales, que vengan y revisen estos casos, para que garanticemos que lo que se haga esté apegado a la ley", prometió Lobo en una conferencia de prensa.
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