El acuerdo generará 83.000 empleos directos y hará crecer el PIB catalán 2,1 puntos. La Generalitat lo considera "insuficiente".
a ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez
El Gobierno y la Generalitat de Cataluña han pactado una inversión de 1.700 millones de euros para ampliar el aeropuerto de El Prat y convertirlo en un "hub internacional", según ha detallado la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, tras la reunión bilateral celebrada este lunes entre el Ejecutivo y el Govern.

Se trata de una "inversión extraordinaria" que no estaba en las previsiones de debate del encuentro. Según ha detallado la ministra, se destinarán 1.700 millones de euros, lo que supondrá la creación de 83.000 empleos directos y hará crecer hasta 2,1 puntos el PIB catalán. Del mismo modo, y con el mismo fin, se invertirán 1.600 millones en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.


Por otra parte, se ha aprobado un calendario de trabajo conjunto con el que, entre otros puntos, abordar algunas de las transferencias que la Generalitat reclamaba, como las becas y ayudas al estudio y las competencias sobre el ferrocarril de cercanías y regionales.

También se ha aprobado "reducir la conflictividad institucional" a través de una comisión de seguimiento ministerial, la reactivación de la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales, así como la comisión de inversiones en infraestructuras. También la creación de un grupo de trabajo que estudie "la viabilidad" de otras peticiones de transferencia que reclama Cataluña.

Becas e infraestructuras

Sobre las becas -que supondrán una inversión de 44 millones de euros-, Rodríguez ha descartado que se pueda realizar la transferencia antes de principio de curso, ya que el grupo de trabajo se reunirá para "perfilar" este movimiento en octubre, por lo que podría aplicarse, como pronto, de cara al curso 2022-2023.

Sobre las inversiones en infraestructuras, en el marco de la disposición adicional tercera del Estatut de Autonomia catalán, la ministra ha anunciado que el Gobierno ya prepara una inyección de 200 millones de euros, 100 de los cuales serán "inminentes" y el resto, en paquetes de 50 millones, llegarán "antes de final de año".

El encuentro bilateral partía con enfoques diferentes. Mientras el Ejecutivo central buscaba engrasar la relación de cara a los próximos meses -después de instaurar la "agenda del reencuentro" tras la concesión de los indultos a los líderes del procés-, el Gobierno de la Generalitat acudía con el objetivo de lograr que Pedro Sánchez cediera y transfiriera diversas competencias al Govern, así como algún guiño hacia la demanda de la desjudicialización del proceso independentista.

Un gesto que, según Rodríguez, no se ha producido, ya que ha sido una reunión "muy ejecutiva" en la que previamente se había avanzado a nivel técnico, lo que ha permitido, ha dicho, celebrar el encuentro con un "ambiente distendido".

El reparto de los fondos

Ante la negativa del Gobierno a tratar de manera bilateral con Cataluña el reparto de los fondos europeos, la Generalitat participó finalmente este lunes -horas antes del encuentro entre el Estado y el Govern- en la conferencia sectorial con el resto de autonomías, en la que, bajo la coordinación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se han concretado los criterios de distribución de los 10.500 millones de euros que gestionarán los territorios.

En este sentido, la propia ministra ha aclarado tras la reunión que ha congregado a todas las autonomías que el debate sobre los fondos europeos "forma parte del debate multilateral".

Del mismo modo ha respondido la ministra de Política Territorial: "La normalidad exige que cada debate o iniciativa deba abordarse en su lugar".

En menos de una semana, la Generalitat ha participado con ésta en dos comisiones interterritoriales. El pasado miércoles, el conseller de Hacienda y Economía, Jaume Giró, asistió al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Entre ambos encuentros, se produjo la ausencia de Pere Aragonès a la Conferencia de Presidentes, celebrada en Salamanca el pasado viernes.

Acuerdos "insuficientes"

Por su parte, los representantes de la Generalitat consideraron "insuficientes" los acuerdos adoptados en la reunión bilateral. La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, recordó que reclaman 56 traspasos de competencias y los quieren "todos y rápidos", aunque no tuvieron la sensación de que se avanzase mucho en este encuentro.

Lo que dejó claro es que no consideran que la concesión de estos traspasos de competencias sea una "moneda de cambio de nada" para no "mezclarlo" con la mesa de diálogo por el "conflicto político", que tendrá lugar en septiembre y en la que reclamarán una "solución pactada que pasa por ejercer el derecho de autodeterminación, referéndum y amnistía".

Laura Vilagrà señaló que se ha acordado un calendario "intenso" de reuniones para otoño e invierno sobre los 56 traspasos pendientes relacionados con cuestiones sociales, de infraestructuras y económicos, como la ley de la dependencia, el ingreso mínimo vital que permita reforzar el derecho a la vivienda y combatir la pobreza infantil, políticas activas de ocupación, la inspección de trabajo o la formación médica.

También se piden equipamientos concretos, como la Jefatura de Policía de Via Laietana, así como aumentar la dotación de Mossos d'Esquadra y los agentes rurales para superar los 22.000 efectivos policiales y garantizar el cambio generacional.

"Estamos acostumbrados a Sánchez"

También se ha reclamado que la comisión de asuntos económicos y fiscales prevista para diciembre sea antes para valorar los costes de los traspasos, y se llegó a un acuerdo concreto por el traspaso de la competencia de becas que empezará a aplicarse en el curso 2022-23.

Además, quieren recibir competencias en salvamento marítimo y en el MIR, así como alcanzar un acuerdo para evitar la conflictividad competencial, como que la ley del audiovisual estatal no eclipse la catalana.


Comentario: Las facciones de la partidocracia negocian y pactan todo entre ellos, haciendo que las autonomías ricas lo sean cada vez más a costa de las pobres, que están cada vez más miserables -aunque los caciques de los partidos vivan estupendamente todos, como pequeños tiranos estatales de pacotilla-. Hay que ver cuánto tiempo más podrán seguir con sus porquerías (guerracivilismo + federalismo + plandemia) en medio de un caos planetario creciente.

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El conseller Jordi Puingeró aseguró que la reunión significa un "nuevo escenario" y que debe servir para que el Gobierno apueste por garantizar el autogobierno de la Generalitat. También lamentó que no se haya hablado de los fondos europeos en el encuentro, cuando algunos traspasos están relacionados, y remarcó que la red ferroviaria de Cercanías se puede traspasar en los próximos meses.

Sobre si el Gobierno podría pedir la aprobación de los presupuestos a los partidos catalanes a cambio de traspasar el dinero de la disposición adicional tercera del Estatuto, Puigneró afirmó que "estamos acostumbrados a que Pedro Sánchez no cuente con nosotros para los presupuestos, pero si viene ya le pondremos el precio".

Otros 200 millones

En este sentido, la reunión también acordó una inversión de 200 millones de euros correspondiente a esa disposición adicional tercera, que establece que la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras se equiparará a su Producto Interior Bruto.

Sin embargo, Puigneró ha señalado que el Estado debía 559 millones de la disposición adicional tercera y que la propuesta del Gobierno de pagar 100 millones ahora y 50 en dos pagos posteriores es "insuficiente".