© Vladimir Tretyakov / APUn coche policial en llamas durante las protestas en la ciudad de Almatý, Kazajistán, el 5 de enero de 2022.
Al mismo tiempo, desde el gabinete de crisis anunciaron que los supermercados de Almaty reabrirán en horario reducido.
"Las reservas de alimentos en los establecimientos comerciales y en los almacenes de proveedores y distribuidores son suficientes. Se han tomado medidas para garantizar la seguridad", dice el comunicado en Telegram.
El 8 de enero, el jefe de policía de la provincia de Almaty, Serik Kudebaev, aseguró que todas las infraestructuras vitales de la región funcionan con normalidad.
El alto cargo indicó que la operación antiterrorista sigue en marcha, y pidió a los ciudadanos mantener la calma y no salir a la calle si no es imprescindible.
La situación en Kazajistán se desestabilizó el 2 de enero, con el estallido de protestas por el alza de los precios del gas licuado de petróleo en el suroeste del país.
A pesar de que una comisión gubernamental determinó después bajar los precios del combustible, las protestas no cesaron y se extendieron a otras zonas del país, en particular a Almaty, derivando en violentos disturbios que hasta el momento han dejado decenas de muertos y centenares de heridos.
El 5 de enero, el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokaev, aceptó la dimisión del Gobierno en pleno y asumió la jefatura del Consejo de Seguridad Nacional, encabezado hasta entonces por el expresidente Nursultán Nazarbáev.
Además, solicitó a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) enviar fuerzas de paz para hacer frente a la "amenaza terrorista" y a los intentos de socavar la integridad del Estado kazajo.
La organización, que aglutina a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, respondió de inmediato a la solicitud y el primer contingente llegó el 6 de enero.
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