En línea con su apoyo a disturbios en Irán, el premier de Canadá se hizo eco de una noticia falsa sobre "la sentencia de muerte contra 15 000 manifestantes" en el país persa.
"Canadá denuncia la bárbara decisión del régimen iraní de imponer la pena de muerte a casi 15 000 manifestantes", indicó el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en una nota emitida este martes en su cuenta en Twitter, mientras la Justicia de Irán aún no ha ratificado la condena de ninguno de los detenidos durante los recientes disturbios.
Trudeau alegó que "estos valientes iraníes luchaban por sus derechos humanos", y que Canadá y sus aliados occidentales seguirán unidos para apoyarlos contra "las atroces acciones" de las autoridades de Teherán.
Las alegaciones del primer ministro de Canadá provocaron una ola de reacciones de los usuarios en las redes sociales, lo que le obligaron a eliminar su tuit.
Siguiendo los pasos de EE.UU. y ciertos países occidentales, Canadá ha adoptado en las últimas semanas varias tandas de sanciones contra la República Islámica en línea con su política de apoyo a los recientes disturbios surgidos en el país persa después de la muerte de la joven Mahsa Amini.
Las autoridades iraníes denuncian el papel directo de EE.UU., Israel y algunos de sus aliados occidentales en los disturbios y avisan que los enemigos de la nación están utilizando el entorno creado para realizar actos terroristas, como lo
ocurrido el pasado 26 de octubre en el santuario de Shah Cheraq en Shiraz (suroeste).
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"El post se basó en una información inicial que estaba incompleta y carecía del contexto necesario. Debido a eso, ya ha sido borrado", dijo un portavoz del gobierno canadiense a la CNN.
"Se basaba en la información sobre las graves preocupaciones planteadas por los defensores internacionales de los derechos humanos, que advertían de posibles sentencias futuras, incluida la pena de muerte, impuestas a miles de manifestantes iraníes que ya han sido detenidos por el régimen", añadió el portavoz.
Irán ha detenido a más de 14.000 personas en una campaña de represión desde que comenzaron las protestas en todo el país en septiembre, según declaró a principios de este mes el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en Irán, Javaid Rehman.
Al menos 2.000 personas fueron acusadas por su presunta implicación en las protestas a nivel nacional por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, la mayor muestra de disidencia en años. Los juicios son públicos y llevan más de dos semanas celebrándose. Las sentencias pueden ser recurridas, según la agencia de noticias estatal IRNA.
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