© VideoVideo propagandístico financiado por el Ministerio de Propaganda israelí, que muestra a las flotillas de ayuda humanitaria como terroristas. (Ver en http://youtu.be/XKSXXuZRPN)
La ley anti-boicot es la última de una serie de leyes cada vez más draconianas que están siendo aprobadas por la extrema derecha [israelí]. El propósito de la legislación es intimidar a aquellos ciudadanos israelíes, judíos y palestinos que aún se resisten a doblegarse bajo el rodillo de la mayoría.
Descubra en los próximos días y semanas un proyecto de ley destinado a bloquear el trabajo de las organizaciones israelíes de derechos humanos que tratan de proteger a los palestinos de los territorios ocupados de los abusos que les inflingen el ejército israelí y los colonos; descubra un proyecto de ley para crear una comisión parlamentaria encabezada por la extrema derecha y con poder de veto sobre los nombramientos del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es el único - y debilitado - baluarte contra el predominio absoluto de la derecha.
La ley anti-boicot, respaldada por el gobierno de Benjamin Netanyahu, marca un hito en este asalto legislativo, y lo hace en dos aspectos.
En primer lugar, elimina la piedra angular de cualquier sistema democrático: el derecho a la libertad de expresión. La nueva ley convierte en ilegal para israelíes y palestinos promover un programa político no violento - un boicot - para contrarrestar el poder creciente del medio millón de colonos judíos que viven en tierra palestina robada.
Como observó el comentarista israelí Gideon Levy, las compuertas se han abierto: "Mañana estará prohibido reclamar el fin de la ocupación [o] defender la hermandad entre árabes y judíos".
Igualmente preocupante es el hecho de que la ley crea un nuevo tipo de delito civil, no penal. El Estado no emprenderá acciones judiciales. Por contra, la tarea de hacer cumplir la ley anti-boicot se ha subcontratado a los colonos y a sus abogados. Cualquier persona que apoye un boicot puede ser demandada y se le puede exigir una indemnización por parte de los propios colonos, los cuales - otra excepcionalidad de la ley - no necesitan demostrar el perjuicio supuestamente sufrido.
