© INÉS BAUCELLSMural independentista que la Junta Electoral obligó a quitar de la Universidad Autónoma de Barcelona
«Esperábamos que un grupo internacional de académicos hubiera adquirido por fin conciencia de las restricciones sistemáticas aplicadas al uso del castellano en la educación primaria y secundaria en Cataluña». «Esperábamos que mencionaran ustedes en su carta que el más alto tribunal de Cataluña ha sentenciado que la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), una de las universidades más importantes de España, violó los derechos fundamentales de sus estudiantes no nacionalistas».«Quizá, pensamos, habrían seguido ustedes (...) la información sobre el juicio (al «procés») en distintos idiomas (que) les habría permitido a ustedes oír a los testigos declarando sobre los ataques físicos y las heridas que sufrió la policía a manos de los autoproclamados pacifistas, mientras cantaban sarcásticamente "Somos gente pacífica"».
Esta es la parte de la carta que 234 académicos de 16 países (incluido España) enviaron al periódico nacionalista escocés «The National» con la que piden a la comunidad académica internacional «que denuncie la violación de derechos civiles en Cataluña». Esta misiva ha sido firmada por profesores y académicos de reputadas universidades de todo el mundo como Harvard, Oxford, Princeton, Cambridge, la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y también universidades españolas como la Politécnica de Cataluña, la propia Autónoma de Barcelona y la de Madrid, la Complutense, etc. También se sumaron escritores o historiadores como John Elliot. El primer firmante es Alfonso Valero, fundador del Foro de profesores, una plataforma «comprometida con el Estado de Derecho» y que se «opone a las mentiras del separatismo y defiende la unidad de España».
El estado «violento»
La carta es respuesta a otra publicada por el mismo medio escocés en la que también firman académicos (150) pero cuyo contenido es completamente opuesto.
Esta primera misiva, publicada el pasado 15 de mayo, bajo el título «150 académicos firman una carta abierta criticando la represión de los derechos en España», acusa al Estado español de dar respuesta a «las demandas del pueblo catalán» a través de la «judicialización de la política, la violencia y la represión», en lugar «del diálogo necesario para cualquier negociación».
La respuesta a esta carta fue contundente y, con un texto cargado de ironía, se les recuerda a los firmantes que al hablar de «violación de derechos civiles en Cataluña» esperaban que denunciarían «los numerosos ataques contra las libertades individuales perpetrados por los grupos nacionalistas catalanes», o el hecho de que «el presidente autonómico de Cataluña haya expresado de forma clara y reiterada sus opiniones xenófobas y racistas hacia la gente que se trasladó a Cataluña desde otras regiones españolas».
También los académicos llaman la atención sobre el desconocimiento sobre «la acusación por parte del fiscal de la malversación de dinero público y del uso indebido de recursos públicos por parte del gobierno nacionalista de Cataluña para organizar el referéndum ilegal, ilegítimo y divisivo del 1 de octubre de 2017».
Pagados por la Generalitat
La carta, también recuerda el informe del Tribunal de Cuentas que revela el gasto por parte del gobierno autonómico de Cataluña de más de 400 millones de euros entre 2015 y 2017, que «se destinó a académicos extranjeros que expresaron opiniones favorables al movimiento secesionista».
La carta inicial, que curiosamente firman académicos en algunos casos de las mismas universidades que la que le da respuesta, acusaba al Gobierno y a la justicia española de que actos como «el encarcelamiento y el enjuiciamiento de activistas sociales y miembros del Gobierno y el Parlamento catalanes elegidos democráticamente, han puesto en crisis la separación de poderes, que es uno de los pilares sobre los cuales se basa el imperio de la ley».
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