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El desembarco de las petroleras británicas en las Malvinas, con el objetivo de recuperar sus declinantes reservas hidrocarburíferas en el Mar del Norte, ya lleva más de dos años y nunca hubiese sido sustentable - los resultados son por ahora magros - sin una estructura económica que respalde semejante aventura.
Denunciada en infinidad de ocasiones por el gobierno argentino, en diferentes foros internacionales, la exploración ilegal en el archipiélago tiene una estructura de financiamiento compleja, que
se centra en bancos internacionales y fondos especulativos, que además tienen fuerte injerencia en
grandes empresas mineras, de medios de comunicación y energéticas de todo el mundo, algunas de las cuales fueron denunciadas por violación a los Derechos Humanos.
En la actualidad, en forma ilegal y con autorización unilateral del Reino Unido, perforan en Malvinas las firmas Rockhopper, Borders and Southern Petroleum, Desire Petroleum, Falkland Oil & Gas, Argos Resources, Premier Oil y, en asociación con Rockhopper, la estadounidense Noble Energy. Cabe recordar que todo el negocio de exploración llevado a cabo por estas petroleras se encuentra en abierta violación a las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas en la materia, sancionadas incluso con anterioridad al conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido. El 1 de diciembre de 1976, la Asamblea de la ONU emitió la Resolución 31/49, por la cual llama a los dos gobiernos que se disputan la soberanía en las Islas Malvinas a que se abstengan de realizar cualquier tipo de acción sobre el territorio en disputa, mientras no se encare la cuestión de fondo, es decir, la discusión por la soberanía sobre el archipiélago.
