Habilitar un marco jurídico vinculante para las multinacionales y garantizar que las víctimas de abusos de derechos humanos por parte de estas empresas puedan acceder a mecanismos mediante los que recibir protección, justicia y reparación. Son, a grandes rasgos, las dos exigencias que tanto Ecuador, con el respaldo de
más de 80 países, y la red mundial de la sociedad civil Alianza por el Tratado (
Treaty Alliance), en nombre de más de 500 organizaciones, está reclamando en la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que concluirá el próximo 27 de junio. Dos peticiones con muchos puntos en común, pero también con recorridos, consecuencias y reivindicaciones algo distintas.
© AAERafael Correa, presidente de Ecuador, junto a los restos de carburantes de Chevron.
La más antigua y la más completa de las dos es la elaborada por la Campaña Internacional
Desmantelando al Poder Corporativo, que aglutina a cientos de organizaciones civiles que llevan, al menos,
seis años trabajando sobre este tipo de propuestas. La génesis de la Campaña fue el
Tribunal Permanentes de los Pueblos (TPP), una herramienta de la
Fundación Lelio Basso que, entre 2006 y 2010, actuó como un tribunal ético, con un gran impacto mediático gracias a que quienes conformaban el jurado eran juristas, jueces y defensores muy reconocidos de DDHH.
Comentario: Para más información y posible tratamiento ver:
Cloruro de Magnesio: cura para el chikungunya