liposucción
© Desconocido
Un juzgado español (Palma de Mallorca) dictó sentencia contra un anestesista y un médico que realizaron una liposucción en el abdomen de un hombre. La operación le ha dejado al sujeto graves secuelas mentales como pérdida de memoria y aumento de agresividad, por lo que se ha dictaminado su incapacidad absoluta para desarrollar cualquier tipo de trabajo. Ahora el seguro indemnizara al paciente con 160 mil euros (unos 2 millones 800 mil pesos mexicanos).

Los hechos ocurrieron el 31 de enero de 2006. El afectado tenía entonces 38 años, ya era padre de dos hijos y se ganaba la vida como vendedor en una empresa de climatizaciones. A los 90 minutos de comenzada la trágica cirugía, el paciente sufrió un paro respiratorio. También padeció dos episodios de fibrilación ventricular, que se superaron con dos desfibrilaciones que le ocasionaron al paciente quemaduras en manos y pies.

Cuando fue dado de alta (cinco días después de la intervención) un neurólogo le diagnosticó "anoxia cerebral" porque sufría desorientación, problemas de lenguaje y déficit cognitivo de la memoria reciente; con dificultad para recordar conceptos aprendidos minutos antes.

Se le declaró con incapacidad permanente y absoluta; por trastornos cognitivos y alteración del comportamiento, con un aumento de la ansiedad y la agresividad. Desde la cirugía su lenguaje es deficiente; su velocidad para procesar datos quedó alterada y presenta síntomas obsesivos-compulsivos.

Ni siquiera los médicos que practicaron la cirugía - así lo refiere la sentencia- pusieron en duda que las secuelas tienen origen en la intervención. El paciente firmó un documento para autorizar que se utilizaran las imágenes de su operación, pero no firmó un consentimiento de riesgos. Los médicos argumentaban que los peligros de la intervención le fueron explicados verbalmente.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda porque consideró que la víctima había firmado un consentimiento estando informado. El tribunal que ha dado la razón a la víctima sostiene que los dos médicos no facilitaron al paciente suficientes datos sobre los peligros del procedimiento; y por ello deberán indemnizarlo respaldándose en la compañía aseguradora.