Tras seis meses de revisiones a la investigación oficial y de indagatorias propias, el reporte del grupo señala que aunque no tiene datos para informar con precisión qué pasó con los estudiantes desaparecidos, sí encontró elementos para cuestionar las tesis oficiales y sugiere una nueva: que el ataque pudo ser porque los jóvenes interfirieron, sin saberlo, con el traslado de un cargamento de drogas que habría ido en uno de los camiones que ellos "tomaron" ese día para transportarse.
"¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!", "¡Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos", gritaron familiares antes de iniciar la presentación del reporte presentado ante familiares de los estudiantes desaparecidos y diversos invitados, incluidas autoridades federales.
Los expertos, que dieron a conocer el documento ante los padres de las víctimas y diversas autoridades, refieren que hay investigaciones que señalan que algunos autobuses son usados para traficar heroína, cocaína y dinero entre Iguala y Chilpancingo. Por eso, añaden en el texto de más de 400 páginas, "el negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque".
Al inicio de la presentación del reporte, Angela Buitrago, abogada colombiana que forma parte del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que toda la información recabada tiene sustento en pruebas oficiales y reportes de documentos desclasificados del Ejército.
Agradeció a las autoridades federales que les hayan permitido realizar su trabajo y agregó que "la verdad sólo se consigue con informes de esta naturaleza".
De acuerdo a una de las declaraciones recopiladas entre los estudiantes, durante la intervención de la experta Claudia Paz y Paz , narró que en uno de los nueve puntos en el que sufrieron ataques los estudiantes, algunos normalistas dijeron a los elementos policiales: "Hey jefe nos vamos a entregar".
El investigador, Francisco Cox, aclaró que el destino de los normalistas aún es incierto.
El reporte es un duro golpe para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que en enero sostuvo que había logrado dar con la "verdad histórica" de lo sucedido. El entonces procurador Jesús Murillo dijo en aquel momento que el 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos por los policías municipales y entregados a un grupo del narcotráfico que los calcinó en un basurero y luego lanzó las cenizas en bolsas a un río cercano.
Pero los expertos pidieron un nuevo peritaje para determinar si era posible que tantos cuerpos pudieran haber sido incinerados tal y como lo dijo el procurador, y la conclusión a la que ellos llegaron, no deja dudas: "los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula".
Hasta ahora, y luego del análisis de un fragmento quemado de hueso, sólo se sabe que uno de los 43 estudiantes murió. Pero no hay certeza de lo que pasó con los otros 42 alumnos.
El denominado "Informe Ayotzinapa" documenta cómo policías estatales y federales, además del ejército, monitorearon los movimientos de los estudiantes desde antes de que llegaran a Iguala y que no intervinieron cuando, tras llegar, fueron atacados en nueve distintos lugares por los agentes municipales, en una jornada que también dejó seis muertos y 40 heridos. Las autoridades y los cuerpos de emergencia tardaron incluso horas en responder, lo que pudo causar la muerte de al menos dos personas que esperaban ser atendidos.
Para el grupo de expertos, es necesario que las autoridades replanteen sus hipótesis y líneas de investigación, además de continuar la búsqueda de los estudiantes e indagar el posible uso de otros lugares para cremar cuerpos, por ejemplo, hornos públicos o privados.
La desaparición de los estudiantes ha sido uno de los golpes más fuertes en lo que va del gobierno de Peña Nieto.
La investigación oficial del caso ha generado indignación entre los padres de los estudiantes y diversas organizaciones que han cuestionado que esté basada sobre todo en testimonios de los detenidos y no en evidencias específicas.
Hasta ahora las autoridades han detenido a más de 100 personas, en su mayoría policías municipales. El entonces alcalde Iguala, José Luis Abarca, también preso, es señalado junto con su esposa como probables autores intelectuales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado una ampliación de dos meses a la investigación del grupo de expertos y se mantienen a la espera de la respuesta del gobierno.
La ONG Human Right Watch al conocer el informe lamentó que pese a la conmoción que suscitó el crimen las autoridades mexicanas demostraron no poder o no querer hacer una investigación seria por lo que indicó que la justicia mexicana "necesita escrutinio externo para evitar que se repita esta vergonzosa actuación".
Comentario: Es claro que la historia oficial ofrece poco alivio a las familias de los desaparecidos, y a lo mexicanos en general. La forma abrupta como se cerró el caso - ahora afirmando que no se ha cerrado - deja más dudas que respuestas. La torpe forma como fue llevada la investigación provocó un hartazgo en la sociedad mexicana. Dado esto, la pregunta queda en el aire ¿qué hay detrás realmente de este genocidio?
Siga leyendo: